Desde la anterior gestión de la Junta de Usuarios –la que presidiera Galo Rodríguez Castañeda- se ha venido trabajando en un proceso para desaparecer Opema Jequetepeque. Resulta interesante conocer cómo es que ha cambiado la posición de algunos dirigentes que antes aprobaron la extinción de esa asociación civil, y ahora luchan por su permanencia.

En entrevista que el 07 de agosto de este año, el reportero Víctor Llanos, de radio Frecuencia Popular (Chepén), le hiciera a Gilmar Cabanillas Mendoza, extesorero de la JU, le preguntó:

¿Es cierto que cuando usted estaba como directivo de la JU quería que Opema deje de hacer el mantenimiento, y ahora que está en Opema piensa lo contrario?

La respuesta del dirigente fue: “No, no. Eso es totalmente falso. Allí la posición que fue, es de la empresa que contratamos, es no para la extinción de Opema sino para el tema del título habilitante. Ellos vinieron con una posición que decían la extinción de Opema era lo más factible, cosa que nosotros le dijimos que no estamos de acuerdo e incluso en asamblea de JU dijeron si Opema pasa tendrían que absorberlo con todo su personal y con cierta independencia que como digo es lo mejor que, incluso, hasta el ministro actual nos dijo que era lo mejor. Y bueno pues así ha sido en ese momento. Cómo vamos a pretender nosotros si el que habla, fue también en ese tiempo cuando yo he dejado un lapso de ser directivo, fuimos uno de los fundadores cuando estaba de presidente don Samuel Gleiser. No vamos a pretender que por un lado vamos a fundar y por otro lado vamos a querer desaparecer. Eso es inaudito”.

Del dicho al hecho

Pero, una cosa es el dicho y otra el hecho. El 22 de julio del 2011, hace 4 años, el entonces presidente de la JUJ, Galo Rodríguez Castañeda, y el tesorero de la misma, Gilmar Cabanillas Mendoza, firmaron con Erik Alberto Murphy Zanelli, gerente general del estudio jurídico Rodrigo Carranza Consultores SAC, un Contrato de locación de servicios profesionales.

Veamos qué se contrató.

Cláusula cuarta sobre Caracteres y forma de prestar el servicio, a la letra dice:

“El servicio de consultoría y/o asesoría legal materia de este contrato será prestado por EL LOCADOR y comprenderá las siguientes actividades:

a) Respecto al procedimiento de extinción de la Asociación Civil Operación y Mantenimiento- OPEMA:

- Nuestro Estudio se compromete y/o obliga a la elaboración de un informe legal donde se analice y se determine el mecanismo societario más idóneo y/o adecuado para extinguir la asociación civil OPEMA así como el procedimiento, reglas y/o pasos a seguir para conseguir la extinción de dicha asociación.

- Este informe legal se confeccionará teniendo en cuenta la información societaria, laboral, financiera y patrimonial de la Asociación Civil Operación y Mantenimiento OPEMA remitida por ustedes, así como teniendo en cuenta y observando el Estatuto de la asociación, el Código Civil y la Ley General de Sociedades.

- Asimismo, nuestro Estudio asesorará directamente en la implementación y/o ejecución del proceso de extinción de OPEMA, poniendo a disposición los profesionales especialistas en la materia.

b) Respecto a las actividades a implementar para lograr la inscripción de la Junta de Usuarios como Operador de Infraestructura Hidráulica:

- Nuestro Estudio se compromete y/o obliga únicamente a realizar la elaboración del expediente técnico teniendo en cuenta los requisitos exigidos por la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 y su Reglamento, y la solicitud ante la Autoridad Nacional de Agua, donde se peticione la inscripción de la Junta de Usuarios como Operador de Infraestructura Hidráulica”.

Resulta pues que el consejo directivo de la JUJ que presidió Galo Rodríguez e integró Gilmar Cabanillas, sí planteó la extinción de la asociación civil Opema Jequetepeque y contrató un estudio de abogados para iniciar el procedimiento. Eso es lo que dice con absoluta claridad el contrato que firman con sus respectivos sellos post firma, el presidente de la JU, Ing. César Galo Rodríguez Castaneda; y, como tesorero, el Ing. Gilmar Cabanillas Mendoza. Por el locador aparece una firma ilegible, no hay sello.