SAN PEDRO DE LLOC, (ULTIMAS NOTICIAS DIARIO). Los hechos se remontan a varios años atrás. El exalcalde Edwin Mora y sus exfuncionarios de confianza, en la gestión 2007-2010 de la municipalidad de Guadalupe han vuelto a verse las caras y tratan de salvar responsabilidades en un proceso judicial que se configura serio.

En casi tres horas de interrogatorio a que fue sometido el testigo Gerald Luis Morán Flores, la Fiscalía trató de demostrar la solidez de su acusación. La defensa buscó refutarla. Morán Flores, es perito y auditor de la Contraloría General de la República.

El debate se centró, fundamentalmente, en torno a si el Comité Especial de la Municipalidad Distrital de Guadalupe (MDG) favoreció al Consorcio Guadalupe para adjudicarle la buena pro del expediente técnico de la obra de saneamiento; y si el supervisor actuó correctamente al aprobar la ampliación de plazo evitando así el cobro de penalidades.

Esto es lo que ocurrió en la audiencia del martes 14, en el Juzgado Penal Unipersonal de Pacasmayo, en el juicio que conduce el juez Juan Iván Vojvodich Tocón, Exp. 16-2012, por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. La acusación corre por cuenta de la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de la Libertad.

La teoría que ensaya la Fiscalía anticorrupción es que el Comité, a sabiendas, favoreció al Consorcio Guadalupe. Según la Ley de Contrataciones del Estado estaba prohibido que la misma persona que elaboró el perfil, se encargue de realizar el expediente técnico de un proyecto. La fiscalía, además, considera que el supervisor incumplió con sus obligaciones al aprobar la ampliación de plazo evitando el cobro de penalidades.

La defensa del supervisor, Carlos Alberto Chuquilín Cabanillas, patrocinada por el abogado Santos Urtecho Benites, buscó demostrar que la teoría fiscal estaba equivocada. Sostuvo que Chuquilín había cumplido con lo establecido y no como afirmaba el perito Morán Flores, auditor de la Contraloría y quien dirigió el equipo que examinó las acciones referidas a la contratación del expediente técnico. La Fiscalía presume que la licitación fue direccionada para favorecer a Luciano Carranza Ibáñez, quien había realizado ya el perfil técnico, y asociado con César Alberto Vera Alvarado forman el Consorcio Guadalupe , al cual se le adjudicó la buena pro de la adjudicación de la consultoría. Ese Consorcio fue el único postor, pese a que varios participantes adquirieron las bases. Morán Flores dijo que las sospechas del favorecimiento a Carranza se acentuaron porque, durante la acción de control, descubrieron que tenía varias otras contrataciones anteriores con la MDG, entre ellas la elaboración de 5 mil encuestas respecto del proyecto de saneamiento.

50 minutos de interrogatorio fiscal

Morán Flores respondió durante 50 minutos a las preguntas del fiscal anticorrupción Carlos Avalos Rodríguez. Explicó que, a la fecha de la contratación del Consorcio Guadalupe, el gobierno de Alan García había eliminado las fases de pre factibilidad y factibilidad en el marco de un decreto de urgencia con el fin de acortar los plazos para ejecutar proyectos de saneamiento. Por eso es que realizado el perfil se convoca a proceso de selección a fin de contratar la elaboración del expediente técnico. Sin embargo, estaba vigente el art. 9 literal h) en la Ley de Contrataciones que prohibía que la misma persona natural o jurídica que elaboró el perfil elaborase el expediente técnico, pues eso representa tener muchas ventajas.

Morán sostuvo que el Comité Especial conocía de esa norma, como sabía también que el Consorcio no podía participar porque César Alberto Vera Alvarado, consorsociado de Carranza Ibáñez, no tenía Registro Nacional de Proveedores para participar en licitaciones públicas solo en obras de menor cuantía. Todo eso fue consultado a Consucode en ese entonces (hoy Osce), confirmando lo que ellos como auditores conocían.

Respecto de la ampliación del plazo sostuvo que fue concedido ilegalmente incumpliendo las bases y el contrato que preveía los tiempos. El supervisor no cumplió con su responsabilidad al otorgar la ampliación pese a que el contratista – Consorcio Guadalupe- no tenía una sola causal de las previstas por ley, para solicitar dicha ampliación. Aludió a los pasos para elaborar el PEA (Proyecto de evaluación arqueológica) y después gestionar el CIRA (Certificado de inexistencia de restos araqueológicos) lo cual era responsabilidad del contratista según lo estipulado en las bases y en el contrato. Indicó que era falsa la versión del Consorcio de que la ampliación era porque el INC demoraba en entregarles el CIRA, porque a esa fecha ni siquiera habían iniciado el trámite conforme se verificó al acudir al INC a indagar sobre el particular.

Después del fiscal Avalos intervino el procurador de la Contraloría, Luis Miguel Pereda Palacios, quien interrogó entre la 1.55 y las 2.14 de la tarde.