Arranca Juicio Oral Contra Exalcalde Edwin Mora Costilla
SAN PEDRO DE LLOC, (ULTIMAS NOTICIAS DIARIO). Como en una partida de póker, las cartas están ya sobre la mesa y cada jugador sabe lo que tiene para tratar de ganar. El fiscal anticorrupción, Carlos Avalos Rodríguez, ha apostado por la presunta culpabilidad de los procesados por supuestos delitos de negociación incompatible y colusión; en tanto que los acusados apuestan por su inocencia.
La mesa es el Exp. 016-2012 que gira sobre una baraja respecto de la contratación de la elaboración del expediente técnico para el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y desagüe, de la ciudad de Guadalupe. El juez del partido es el doctor Juan Iván Vojvodich Tocón, titular del Juzgado Penal Unipersonal de Pacasmayo.
El “premio” es una petición de pena privativa de libertad, y el pago de una reparación civil.
Se inició el juicio oral por el caso en mención después de dos audiencias frustradas; comenzó ayer miércoles 10, a las 10.12 del día, por algunos minutos de retraso en la llegada del fiscal y el procurador.
Negociación incompatible
Tras la acreditación de las partes, el juez cedió la palabra al fiscal para que exponga su teoría. Avalos refirió que se trataba de dos hechos. El primero, por un presunto delito de negociación incompatible atribuida al ingeniero Manuel Luciano Carranza Ibáñez, quien elaboró el perfil del Proyecto de agua potable y alcantarillado de Guadalupe, al ganar la ADS 002-2007-MDG.
Luego, el mismo Carranza participó como postor único en el Concurso Público 001-2008 para elaborar el expediente técnico, pese a que la Ley de Contrataciones del Estado lo prohíbe. Para ese efecto se unió con César Alberto Vera Alvarado formando el Consorcio Guadalupe que ganó la buena pro. Carranza no podía participar por haber elaborado el perfil. Vera estaba inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como consultor en obras menores por lo tanto no podía participar en concursos públicos, adujo el fiscal.
Explicó que el concurso debió ser declarado desierto, sin embargo el Comité Especial de la MDG lo validó pese a que Juan Segundo Ramos Castañeda (jefe de Desarrollo territorial y Medio ambiente) y Franco Ricardo Abanto Rodríguez (jefe de Asesoría jurídica) habían integrado el Comité que adjudicó la buena pro para elaborar el perfil y, por lo tanto, sabían que Carranza no podía participar.
Colusión
Respecto del segundo hecho, presunta colusión, se da en la ejecución del contrato para elaborar el expediente técnico. El plazo para presentarlo era de 45 días que se cumplió el 28 de abril 2008. El Consorcio solicitó al supervisor del expediente técnico, Carlos Alberto Chuquilín Cabanillas, ampliación del plazo argumentando demora en la aprobación de los informes del INC respecto del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira). El supervisor oficia al alcalde diciendo que el pedido tenía la documentación sustentatoria. El pedido fue evaluado por Ramos y por Abanto quienes dieron visto bueno a la resolución de alcaldía que concedió plazo adicional de 30 días calendario. El fiscal Avalos alegó que la ampliación carecía de sustento legal. La Contraloría ha determinado que cuando se solicitó la ampliación de plazo, porque supuestamente el INC aún no se pronunciaba para otorgar el Cira, el Consorcio ni siquiera había iniciado el trámite, pues éste recién fue comenzado el 12 de mayo 2008.
Fue una ampliación fradulenta por la que la MDG dejó de cobrar S/. 65,620 de penalidad. El expediente fue entregado el 04 setiembre 2008, después de haberse hecho observaciones que fueron subsanadas, sustentó.
Participación
A los miembros del Comité Especial (Juan Segundo Ramos Castañeda, Franco Ricardo Abanto Rodríguez y Julio Carlo Omar Ahumada Fernández), la Fiscalía los acusa de haberse interesado en el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público 001-2008-MDG al Consorcio Guadalupe. El Consorcio no reunía los requisitos legales, según la acusación fiscal.
Al exalcalde Edwin Mora Costilla se le incrimina haber supuestamente concertado con Carranza Ibáñez y Vera Alvarado para conceder, ilegalmente, una ampliación de plazo al Consorcio Guadalupe cuando debió cobrarse penalidad, por incumplimiento del plazo pactado. El supervisor del expediente técnico, se dirigió al alcalde comunicando que el Consorcio había remitido carta adjuntando documentación sustentatoria, ante lo cual el alcalde emitió la Resolución de Alcaldía 526-2008, la misma que fue visada por Ramos Castañeda y por Abanto Rodríguez.
Las responsabilidades
A Ramos, Abanto y Ahumada, fiscalía anticorrupción los califica como presuntos autores del delito de negociación incompatible, por, supuestamente, haberse interesado directamente en otorgar la buena pro del CP 001-2008 al Consorcio Guadalupe conformado por Carranza Ibáñez y por Vera Alvarado
Estos dos últimos son acusados como presuntos cómplices primarios en el citado delito por haberse presentado como postores sabiendo que no cumplían con los requisitos legales exigidos por la Ley.
Al exalcalde Mora Costilla se le atribuye ser presunto autor del delito de colusión por haber concedido, ilegalmente, la ampliación de plazo al CG, perjudicando al Estado por no haber cobrado la penalidad respectiva.
A Chuquilín, Ramos y Abanto se les considera cómplices primarios en el delito de colusión por haber opinado favorablemente para la ampliación del plazo. Igual calificación se da a Carranza y Vera por supuestamente obtener la ilegal ampliación de plazo.
Penas solicitadas
Por el delito de negociación incompatible se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 3 de inhabilitación para Ramos, Abanto, Ahumada. Igual para Carranza y Vera.
Por el delito de colusión, para el exalcalde Edwin Mora Costilla, la Fiscalía ha solicitado 9 años de pena privativa de libertad y 3 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La misma sanción se invocó para los otros 5 imputados por la presunta comisión del delito de colusión.
Reparación civil
El procurador Pereda Palacios solicitó una reparación civil de S/. 131,240 por cada delito denunciado, a pagar en forma solidaria por los acusados.
El juicio comienza después de dos postergaciones.
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