SAN PEDRO DE LLOC, (ULTIMAS NOTICIAS DIARIO). Mientras que los gobernantes usan cada vez menos el servicio de colectivos y combis, porque la mayoría se desplaza en vehículos oficiales, los usuarios deben soportar el deficiente o abusivo servicio, en varios casos. Los transportistas más antiguos viven su propio calvario, con unidades que les resulta imposible de renovar, todos enfrentan la competencia de informales, a lo que se suma el riesgo de asaltos, y cobro de cupos.

El problema del sector transportes es complejo y exige conocimiento técnico para atenderlo, escuchar a todas las voces implicadas, pensar en el bien común y sobre todo descubrir los intereses escondidos detrás de las decisiones gubernamentales. Para nadie es un secreto que cada vez más personas allegadas a un gobierno o que son parte de él, tienen sus propios vehículos trabajando en determinadas empresas de transporte. Conflicto de intereses se llama.

Decidir si se permite o no el ingreso de nuevas empresas de transporte al servicio público de pasajeros desató discusión al interior del concejo municipal provincial, de mayoría apepista. El tema se abordó en reciente sesión extraordinaria de concejo, celebrada el martes 14 de abril. Tuvo momentos bastante ásperos, por calificativos e insinuaciones de presuntos actos de corrupción formulados por el regidor Manuel Castro Huamaní (APP), quien sindicó a funcionarios de la actual gestión, que preside su partidario Roland Aldea Huamán. Ambos ya fueron parte del gobierno 2007-2010.

Últimas Noticias pudo reconstruir lo sucedido en la sesión, por la versión de algunos regidores que participaron de la misma. Y es lo que relataremos a continuación.

Castro Huamaní criticó que la actual administración otorgue permiso a nuevas empresas y que en ello participen funcionarios cuyo desempeño cuestionó, insinuando que actuaban bajo determinados intereses. Se refirió a la empresa 5 de Agosto, la cual en la Municipalidad de Chepén -según dijo- habría sido rechazada por no reunir los requisitos.

Denunció que ya estaba listo el reconocimiento a otra empresa gracias a la ayuda de malos funcionarios. Acusó desconocimiento de los actos de gobierno por parte del alcalde Aldea, del que dijo: No lee lo que firma.

En la sesión se había puesto en discusión el tema que finalmente daría origen al Acuerdo de Concejo 011-2015- MPP que ha sido publicado en este Diario en edición impresa del martes 21.

La sesión se prolongó por más de 3 horas, según coincidieron en afirmar nuestras fuentes. Castro, en voz subida de tono, habría dicho que esta nueva administración estaba cayendo en los mismos vicios de funcionarios corruptos del anterior gobierno que estaban ya denunciados. Le habría sugerido al alcalde Aldea Huamán cuidarse para que no "se hunda" por culpa de malos funcionarios. Además sugirió que se contrate un asesor externo.

Las versiones obtenidas coincidieron en revelar que hubo otro encontrón entre Castro y su colega de lista Elmer Albitres León, primer regidor. Fue porque Albitres se habría mostrado partidario de autorizar el ingreso de nuevas empresas aduciendo que se podría promover la competencia y mejorar el servicio. Castro -conocido por sus reacciones exaltadas cuando es confrontado- habría dicho que Albitres León estaba detrás de la alcaldía.

Castro habría dicho que Albitres León estaba detrás de la alcaldía.

El primer regidor Albitres León no se calló y habría respondido que él es leal, que aceptó integrar la lista por invitación del alcalde; pero si en algún momento veía cosas irregulares, no dudaría en apartarse del gobierno e incluso provocaría su propia vacancia, dejando de asistir a las sesiones de concejo.

Castro no habría tenido reparos y enfiló críticas contra varios funcionarios acusando sospechas por presuntos intereses en favorecer a empresas y habría dicho que ya estaba lista una autorización visada por asesoría legal y hasta secretaría. Pero gracias al jefe del área de Transportes, al cual alabó por su supuesta responsabilidad, no habría procedido aún.

El asesor legal Miguel Gómez Mejía habría expresado protesta por las insinuaciones y recriminado las acusaciones, rechazando los cargos.

Las aguas se calmaron y la discusión se centró en la derogatoria de la Ordenanza 018 del 2014 -que reclamaba Castro- y volver a la 011 del 2010 que restringía el reconocimiento de nuevas empresas en tanto no se apruebe el Plan Regulador de Rutas. Hubo otros acuerdos.

Castro Huamaní –en el gobierno 2011-2014- tuvo similares encontronazos con el entonces gerente municipal Alejandro Merino Huamán, a quien acusó de corrupción. En la sesión del 14, habría increpado a los funcionarios de la gestión Aldea de facilitar reconocimiento de nuevas empresas al amparo del silencio administrativo positivo que dijo no es de aplicación en estos casos.