Según fuentes periodísticas trujillanas, sólo tres de los imputados por la Fiscalía del Equipo de Casos Complejos y Connotación Social de La Libertad se libraron de la prisión preventiva y obtuvieron libertad bajo comparecencia con restricciones. Ellos son:

• Abogado Luis Alberto Sirlupú García,
• Karin Teresita Horna Amambal,
• Julio César Chico Suárez.

Los demás, entre ellos el abogado Víctor Torres Rodríguez y el policía Henry César Hernández Flores quedaron con prisión preventiva recluidos en El Milagro. Esto ocurrió en una larga audiencia celebrada el viernes 20.

La decisión del juez de Investigación Preparatoria, Rosendo Pompeyo Vía Castillo puede ser revisada y será la Sala de Apelaciones la que tendrá la última palabra. La Fiscalía reclama prisión preventiva para todos mientras investiga; pero la defensa de los procesados exige que sean investigados en libertad. La decisión final se conocerá en los próximos días.

La audiencia de prisión preventiva por el caso Los Dragones Rojos ha sido la más prolongada en la historia judicial de las provincias de Pacasmayo y Chepén en el tiempo que tiene de aplicado el nuevo Código Procesal Penal. Se inició a las 2 de la tarde del viernes y concluyó al amanecer del sábado. Por razones de seguridad se realizó en Trujillo.

Vía Castillo, pasa a la historia presidiendo esta audiencia donde decidió la suerte de más 30 detenidos a los cuales el Ministerio Público investiga por presuntamente pertenecer a la organización criminal Los Dragones Rojos a la cual se responsabiliza de delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, extorsiones, sicariato, homicidio calificado, tenencia ilegal de armas de fuego y otros.

El mandato de prisión preventiva es por 18 meses. En ese periodo, el Ministerio Público debe acumular pruebas contra los investigados a fin de acusarlos y llevarlos a juicio.

El día de la audiencia, familiares de varios de los detenidos se apostaron en las afueras de las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en Natasha Alta, alegando la inocencia y reclamando su libertad.

Una fuerte vigilancia policial fue establecida en las afueras para evitar desórdenes. Los imputados fueron trasladados en vehículos especiales con extremas medidas de seguridad.

Audios son clave para la Fiscalía

Luis Alberto Sirlupú García (63), abogado, natural de Guadalupe, residente en Chepén ciudad donde dirige el Estudio Jurídico Sirlupú & García, en calle Cajamarca. La incriminación que se le hace es de, presuntamente, formar parte del brazo legal de la organización. El juez consideró que no se daban copulativamente los tres elementos de convicción que justifiquen la prisión preventiva.

En la carpeta fiscal se hace referencia a escuchas telefónicas referidas a ese profesional. Una de ellas el 05 de enero 2015 con William Cerdán Mejía alias "Panquero", quien purga condena en el penal Castro Castro.

Panquero le dice: "Doctor, ¿está chambeando, ha caído mi puntero y mi marcador y han dejado el carro botado y el dueño está que pide su carro, que puedo hacer?".

El abogado le dice: "Que el dueño presente una denuncia que le han robado el carro".

Otra interceptación telefónica se hizo el 11 de febrero, también con "Panquero".

El abogado le dice: "Coto" está requisitoriado por robo agravado desde el 2007 y está involucrado en la extorsión a empresarios de la zona. Mañana voy a ir nuevamente a la Comisaría a sacar los actuados".

Sobre esa base el Ministerio Público consideró que, supuestamente, así se corrobora que cumpliría la función de asesoramiento a los integrantes de la organización, por orden de "Panquero"; y, agrega que al tener conocimiento sobre los ilícitos de la organización criminal orienta a que se realicen posibles falsas denuncias para beneficiar y dar salida legal a los investigados. "Panquero" habría estado informado a través del abogado cuando algún miembro de la organización era intervenido.

Sirlupú García tiene muchos años ejerciendo la profesión en las provincias de Pacasmayo y Chepén. Su defensa rechazó los cargos que se le han hecho remarcando que se limitó a cumplir con el derecho a ejercer defensa, lo cual no es delito.El juez optó por dictar comparecencia con restricciones para los 3 casos mencionados y el pago de una suma de caución, además de acreditarse periódicamente en fiscalía donde deben firmar libro de registros. De no hacerlo se les revocará la medida y se hará efectiva la prisión preventiva.