10 a 15 Años de Cárcel Para Quien Preste Cuenta Bancaria y se Use en Extorsión, Según Nueva Ley Que Dictó Ejecutivo
El Ejecutivo publicó dos decretos legislativos en la edición extraordinaria del 8 de noviembre de El Peruano. Se trata del Decreto Legislativo 1743 y Decreto Legislativo 1744.
El DL 1744 modifica el Código Penal, la Ley de Delitos Informáticos, el Nuevo Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo 1182. Uno de los cambios más notorios es quien preste su cuenta bancaria o billetera electrónica para fines extorsivos podrá ir a la cárcel de 10 a 15 años, pena que se aplica a los extorsionadores.
El abogado Dino Carlos Caro Coria, explicó: “Prestar tu cuenta a un extorsionador ahora tiene la misma pena que extorsionar”.
Resume los cambios en: “1. Cuentas y billeteras. Quien preste o ceda su cuenta bancaria, billetera digital o dinero electrónico para recibir el pago de una extorsión tendrá la pena del extorsionador, si conocía su finalidad o «debía presumirla». 2. Accesos. Entrar a un sistema con contraseñas o códigos de verificación ajenos se castiga con 3 a 6 años. En cualquier delito informático, usar inteligencia artificial o una persona jurídica eleva la pena hasta un tercio por encima del máximo. 3. Investigación. La policía podrá geolocalizar celulares también por delitos informáticos, y la detención en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro puede durar hasta 15 días. 4. Penales. El abogado defensor que ingrese o permita ingresar un celular a un penal arriesga de 10 a 15 años. 5. Una precisión: el «debía presumirla» no puede castigar al simple descuidado. Debe leerse como dolo eventual, igual que en el lavado de activos.”
Sobre el DL 1743, que modifica la legítima defensa, Caro Coria se refiere a: “1. Presunción. El texto admite el uso de la fuerza, incluida la letal, y presume que quien se defiende actuó de modo racional. Corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario, y la racionalidad se valora desde la perspectiva de quien se defendió y con las circunstancias del momento. 2. Motivación reforzada. Toda resolución judicial que descarte esa presunción requiere motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. La regla alcanza también a los casos en trámite. 3. Archivo temprano. Cuando se investigue una posible legítima defensa, el fiscal debe pronunciarse de forma definitiva y, si concurren los requisitos, archivar sin formalizar investigación”.
Caro opina: “la presunción tendrá poca eficacia (...) Lo que sí puede cambiar la práctica es el archivo temprano, que ahorra años de proceso a quien se defendió”.