La posición de la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo parece inflexible, y las razones se han manifestado en los escritos enviados al consorcio constructor junto a informes técnicos que fueron contrastados con la supervisión de obra.

En este contexto, Diario Últimas Noticias buscó al representante del Consorcio Turístico Malecón Grau C&E a fin de que explique la situación en la que ahora ha ingresado el proyecto, bajo su presunta responsabilidad.

Segundo Ríos Contreras, quien se presentó como representante común del consorcio consideró que el término de contrato invocado por UICET no se sustenta en un criterio técnico consistente.

En diálogo con Diario Últimas Noticias, dijo que desde que iniciaron los trabajos se tuvo una serie de incidentes que habrían afectado el desarrollo de la ejecución. Señala que una vez recibido el terreno y realizada una compatibilización entre expediente técnico y campo, iniciaron la intervención en el sector I, al costado del muelle. Señala que apenas iniciaron los trabajos, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección General de Capitanías les ordenó paralizar y aplicó una multa de aproximadamente S/150 mil que se comunicó a la entonces Copesco Nacional. Esa multa, asegura, Copesco se la trasladó al consorcio.

Al consultarle entonces qué pasó en la compatibilización, el representante del consorcio dijo que sí existía en el expediente técnico una autorización de DICAPI, pero fue en la ejecución cuando la Marina les aclaró que esa autorización no correspondía para dicha obra.

Paralelamente, indica, se comprobó que pese a que en el estudio de suelos se consignaba que la zona estaba compuesta por un suelo conglomerado de piedra pero cuando excavaron encontraron suelo arenoso, lo que obligaba a una modificación del expediente.

Ríos Contreras agrega que el sector I, que abarca desde la zona del muelle hasta el Club Pacasmayo, se identificaron en el camino más deficiencias como que no se había previsto la gestión para el retiro del cableado de internet y de telefonía. Señala que se comunicó a las empresas que se iniciaría el retiro temporal de los cableados, las empresas respondieron con cartas advirtiendo que se le aplicaría multas si intervenían sus cables. A esto le sumó el riesgo de colapso de la antigua Casa Aduanas, advertido por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

Todas estas dificultades derivadas de un deficiente expediente técnico, dijo, “son responsabilidad de la entidad, nosotros ejecutamos la obra. Ellos (UCET) eran responsables de una entrega de terreno total”.

Por otro lado, acusó a UICET señalando que “ellos nunca han visto una solución a esto… Más es un tema personal… intereses personales de los funcionarios nuevos que ya no ven la obra, ven el lucro personal. Si yo resuelvo acá, y como hicieron lo más difícil ahora lo más fácil es llevarlo a una resolución y saco un saldo de obra. A eso nos están llevando, pero sin medir el peligro, el riesgo que presenta la obra ahora al no solucionar una restricción que ha habido desde un inicio de la ejecución de la obra”.

Al preguntarle qué pasó luego de que en condiciones en las que era evidente que no se alcanzaban las metas, se le concedieron ampliaciones de plazo y nuevos cronogramas. ¿Por qué igual se llegó a este escenario?

El representante del consorcio indicó que efectivamente se le ampliaron los plazos, pero que en cuanto al 25% que tenía problemas, el Tramo I, la entidad no hizo nada para darle viabilidad a la ejecución.

“Sacaron una ampliación de plazo y no han hecho nada por solucionar esa restricción del 25% de la obra para que nos exijan un cumplimiento y luego nos lleven a una resolución. Entonces, a esa situación han llegado sin hacer un análisis general de acá nos debemos sentar ambas partes, pero con las personas que nos den un resultado positivo a nivel de obra en campo, no solamente gabinete”, dijo Ríos Contreras.

Asegura que “de la ampliación de plazo se hizo una nueva programación y sobre eso hemos estado cumpliendo; pero en el mes de julio (2026) nos sacan un calendario acelerado para que en base a eso nos midan el cumplimiento. Lo cambiaron porque decían que no llegábamos al 80% pese a que teníamos áreas libres. Nosotros les dijimos que teníamos una restricción del 25%, pero eso no lo tocan porque no les conviene. No tocan lo que está restringido desde el inicio de la obra. Nosotros, a nivel de ese calendario acelerado que nos sacan, vamos cumpliendo con lo que manda la norma. Pero más o menos el 19 ó 20 de octubre yo les apercibo, les mando un apercibimiento, en el que les digo que necesito la solución de las restricciones, así como el pago de mayores gastos generales, bajo apercibimiento de resolución de contrato. Entonces ellos en vez de dar una solución, me mandan una resolución de contrato que por incumplimiento de no amortizar el adelanto de materiales. Me resuelven el contrato. Es algo que no es una causal que la normativa manda”.

Sobre las acciones que como consorcio posiblemente tomen dijo, “el lunes vamos a ingresar una carta pidiendo una conciliación, porque su causal de resolución no está enmarcado en la normativa. Si nosotros hubiéramos caído en un segundo cronograma acelerado, allí sí hay. Ni siquiera que nos aperciban, de frente va la resolución. Nosotros hemos justificado mediante informes del supervisor, que dice mediante la restricción que hay no podemos avanzar más allá, y estamos sobre el 80%, justificado porque hay restricciones en la obra. Ellos no se han ido a resolver por ese lado. Han ido a resolver por incumplimiento de la amortización de adelanto de materiales y por falta de personal… Esa ha sido la causal”.

Agregó: “Nosotros vamos a ingresar la carta para conciliación y viendo el riesgo que se presenta en la obra… Según los pasos de la normativa, nosotros vamos a notificar la conciliación, porque es potestativo. Si van o no van, el paso sigue es arbitraje; y lo vamos a llevar porque su causal no está enmarcada en la normativa y ni siquiera su contrato lo dice”.

Finalmente al recordarle que se había informado en las últimas mesas informativas promovidas por el congresista Diego Bazán, con participación de la UICET, el consorcio y representantes de algunas instituciones del distrito, una propuesta para que un equipo del Colegio de Ingenieros de Pacasmayo haga un seguimiento de cumplimientos de cronograma, pero que no se materializó. Preguntamos si realmente el consorcio tuvo interés en que se implementara esa veeduría. 

Ríos Contreras respondió: “Yo lo expuse ante el consorcio y la parte de asesoría, y decían que no había ningún problema. Pero la cosa era que la entidad (UICET) autorice, con la supervisión, osea, hacer una mesa de trabajo y que se cumpla. Pero no lo hizo. La entidad lo ve que por el lado de la responsabilidad del contratista, entonces no nos dejó interactuar a las partes para que intervenga el Colegio de Ingenieros y la parte del lugar”.