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Investigan Presunta Colusión Entre Funcionarios de ONPE y Galaga SAC

Galaga sac

La fiscalía investiga la licitación del servicio de traslado vehicular de material para el sufragio del domingo 12 de abril, bajo la sospecha de que funcionarios de la ONPE y el representante de la empresa Galaga SAC, Juan Charles Alvarado Pfuyo,  habrían incurrido en presunta colusión.

Aunque el fiscal Raúl Martínez Huamán solicitó la detención preliminar del ex jefe de ONPE, Piero Corvetto Salinas, y otros, el juez Manuel Chuyo Zavaleta desestimó el requerimiento. Lo que sí autorizó fue el allanamiento de las viviendas de seis funcionarios de la ONPE, así como del representante de Galaga SAC, Alvarado Pfuyo.

La fiscalía investiga el presunto delito de colusión y omisión de funciones, por la contratación del servicio de transporte de material electoral con Servicios Generales Galaga SAC, por el monto de 6,3 millones de soles.

Según las indagaciones fiscales, Servicios Generales Galaga SAC no reuniría los requisitos para prestar el servicio requerido por la ONPE pese a lo cual se le contrató, ‘adecuando’ las condiciones del concurso.

Las viviendas intervenidas el viernes 24 fueron las de Piero Corvetto Salinas, José Samamé y Juan Phang. Asimismo las viviendas de la subgerente de Logística de ONPE, Hilda Otoya Alvarado; la especialista en contrataciones, Lilia Flores Bancho; y el asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuestal, William García Velásquez.

El fiscal Martínez concluyó que el funcionario de ONPE “José Samamé no cuenta con formación, ni experiencia funcional vinculada al área operativa de Gestión Electoral. Esto conllevó a una insuficiencia en la dimensión material, y bajo su dependencia se encontraba la subgerencia de Producción Electoral, a cargo de Juan Phang”.

Asimismo el fiscal determinó que “ambos formularon y suscribieron el pedido de servicio, incorporando condiciones técnicas no objetivas para favorecer a la empresa Servicios Generales Galaga, configurando indicios de direccionamiento”.

Para la fiscalía, Corvetto habría tenido participación e “intervino planteando nuevos lineamientos en enero de 2026, los que modificaron lo dispuesto en agosto de 2025 (...)”.

DATO. El 21 de abril, Corvetto renunció a la ONPE. La renuncia fue aceptada y comunicada por la Junta Nacional de Justicia.

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