El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén, Wilson Manayalle Sánchez, impuso medida coercitiva de comparecencia con restricciones mientras se desarrolla el juicio contra los imputados Angel Adrian Palacios Perez (35), Rosmery Haydee Palacios Pérez (40), y Angel Eduardo Palacios Santisteban (70).

Como se recuerda la detención y proceso penal que se sigue se desencadenó luego de la denuncia verbal presentada por la ciudadana M.F.V.M. (47), quien era víctima de amenazas extorsivas mientras se dedicaba a apoyar a sus familia en un negocio de panadería en el CP Santa Rosa, distrito de Pueblo Nuevo. Esto motivó que el personal policial realice un operativo a las 17:40 horas del domingo 12 de abril con la detención de los antes mencionados.

El extorsionador le decía en mensajes “seré breve si no quieres que te meta … en tu local de tus viejos o casa. Empezarás a pagar cupo, tú sabes que tengo mis contactos y la gente de pacanga está dispuesta a todo y para empezar Yapea 500 y después negociamos el cupo por mes” Más tarde le escribirían “a ver estoy esperando el yape”.

Recibida la denuncia, inmediatamente un agente “negociador” de la Policía Nacional, coordinó con el delincuente que enviaba mensajes desde el celular 933732282, y realizó un depósito a los presuntos extorsionadores a través del aplicativo Yape al número vinculado a la supuesta banda. El rastro digital del dinero depositado permitió a los efectivos localizar y capturar a los sospechosos de manera inmediata.

En la audiencia de requerimiento de prisión preventiva solicitado por la fiscal, Gasdaly Maribel Salazar Alarcón, realizada el jueves 16 de abril, el juez Manayalle Sánchez consideró que la sola mención del extorsionador señalando los números de yape, si bien es un indicio, este no tiene la fuerza necesaria como para asegurar que los imputados sean realmente parte de la red de los extorsionadores. 

Agregó que en los celulares no se encontraron mensajes que se vinculen con el ilícito denunciado. Es un hecho que se dio la amenaza extorsiva, dijo el juez. Pero no hay vínculo de comunicaciones entre el extorsionador y los teléfonos de los acusados.

El juez señaló que ese tipo de situación ya la ha resuelto en otros casos y, según su criterio, no es determinante para atribuir el delito a la persona y solicitar prisión preventiva. Añadió que de tomarlo como una prueba irrefutable de autoría podría provocar que en otros casos se podría mandar a prisión a una persona solo por la sindicación de alguien que pudiera hacerlo por venganza.

El magistrado señaló que deberían haber otros elementos de investigación que complementen la teoría acusatoria fiscal para considerar atendible el pedido de la representante del Ministerio Público.

En este contexto, y analizando los demás presupuestos como la prognosis de la pena, dijo que sí se cumplía al ser una pena superior a los 5 años. Sobre el peligro de fuga, consideró que al momento de intervenirlos, no hubo intentos de escapar ni ponerse por lo que consideraba que eso lo valoraba.

La comparecencia con restricciones, según el Art. 288 de código penal, ordena reglas de conducta, como no variar domicilio 9 meses, comparecer mensualmente informando actividades al juzgado. También no interferir en el proceso de investigación o no tratar de cambiar o variar algún testigo agraviado sobre el proceso y acudir a todo llamado de las autoridades 9 meses y pagar cada uno una caución de 500 soles.

Con estos elementos analizados, el juez dispuso la liberación de los imputados, quienes llevarán el proceso en libertad.