El 2 de agosto de 2026, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo cumplirá 2 años de tener un sonómetro y una ordenanza que limita los ruidos excesivos en la ciudad. Coincidentemente será el mismo tiempo que lleva fracasando en el uso y aplicación de estas herramientas técnicas y legales.

Ayer, martes 3 de marzo, los ciudadanos residentes en las inmediaciones de la Av. 28 de Julio ingresaron un nuevo memorial reclamando a la municipalidad los efectos nocivos contra la salud pública que provoca un local karaoke ubicado a un costado del Casino Moche. Según han contado los vecinos, el karaoke es del mismo propietario del casino.

De acuerdo al documento suscrito por el vecindario de la Av. 28 de Julio, Leoncio Prado, Pasaje Arica, y Ladislao Espinar cuadra 1, es imperativo que la municipal imponga el principio de autoridad y fiscalice el establecimiento. Se preguntan si el karaoke en mención cuenta con licencia de funcionamiento que le permita perturbar la tranquilidad del vecindario de lunes a domingo, hasta las 5 de la madrugada produciendo una contaminación sonora imposible de soportar. En la zona residen adultos mayores, algunos con problemas de salud, que sufren todos los días esta tortura.

Recuerdan los vecinos que la Constitución Política del Perú, en su artículo 2 inciso 22, otorga al ciudadano el derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute de su tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado.

Este principio constitucional no es respetado por el conductor del establecimiento que, según mencionan los vecinos, ha sido comunicado del malestar pero parece no importarle. Los residentes en la zona señalan que es cierto que el serenazgo llega al lugar alguna vez producto de las quejas, pero que apenas la unidad se va, la bulla vuelve y al parecer con mayor intensidad, como un mensaje de que la autoridad no sirve para nada y que la ley de la selva prevalece.

Los ciudadanos piden públicamente que la municipalidad actúe de acuerdo a sus competencias y demuestre que la autoridad sí existe, de lo contrario el tácito mensaje del infractor terminará vergonzosamente validado.

La MDP tiene una ordenanza, tiene el personal, y tiene el equipo para resolver este justo requerimiento vecinal.