El ex presidente de la Comunidad Campesina de Chepén, José Horacio Flores Vargas, se mantuvo vigilante y activo en los asuntos que afectaban a su institución comunal, por lo que sus allegados reclaman que se investigue exhaustivamente para dar con los asesinos. 

Su participación junto con otros dirigentes comunales, fue constante y tuvo logros trascendentes en casos judiciales en los que la Comunidad Campesina tuvo que enfrentar.

LITIGIO CON JOAQUIN RAMÍREZ

En junio del año 2014, la Comunidad Campesina de Chepén, interpuso demanda contra Reber Joaquín Ramírez Gamarra, ex congresista de Fuerza Popular y hoy alcalde de Cajamarca, por cuanto compró 1,183 hectáreas de terrenos comunales a William Vásquez Castro por S/ 400 mil. Vasquez Castro habría hecho la transacción con certificados de posesión con la firma de José Horacio Flores Vargas. Este hecho fue descubierto por Flores Vargas quien inició la demanda por presunta falsificación de su firma.

En su momento, el presidente de la Comunidad Campesina de Chepén, Antonio Martínez Sernaqué anuló dichos certificados de posesión y ordenó la reversión de los terrenos a la comunidad. Tiempo después, Martinez Sernaqué murió acribillado por sicarios.

Pese a la reversión de los terrenos en sede comunal, los certificados con firma falta de Flores Vargas fueron utilizados por la empresa de Joaquín Ramirez, Sociedad Agroindustrial San José SAC, para solicitar ante la Administración Local del Agua e Hidrandina, permiso para uso de agua del Canal Talambo Zaña e instalación de servicio eléctrico. La agroindustrial cedió toda el área a la Universidad Alas Peruanas, que en ese momento tenía como rector al tío de Joaquín Ramírez, Fidel Ramírez Prado.

El caso concluyó el 6 de enero de 2023 cuando el Juzgado Unipersonal de la Provincia de Chepén sentenció al actual alcalde de Cajamarca y ex secretario de Fuerza Popular, Reber Joaquín Ramírez Gamarra, como instigador del delito de fraude procesal en agravio del Ministerio de Agricultura. Su hombre de confianza Antenor Espinoza Eugenio también fue sentenciado como autor del mismo delito.

Esta fue sentencia en primera instancia y señalaba dos años de pena privativa de la libertad, con carácter de suspendida en su ejecución, a condición de que los sentenciados cumplan con las reglas de conducta impuestas por la justicia. También se les impuso S/5 mil como reparación civil.

La sentencia del Expediente 00812-2016-44-1603-JR-PE-01, señalaba "(...) ha quedado debidamente acreditada la comisión del delito de Fraude Procesal y responsabilidad de los imputados; ello en razón a que de la prueba actuada se puede establecer en principio que la solicitud de permiso de agua, Antenor Espinoza Eugenio lo hace adjuntando Certificado de Posesión Falso a nombre de Reber Joaquin Ramirez Gamarra, que conforme ha quedado dicho, tanto el Presidente y secretario de la Comunidad Campesina, han desconocido su suscripción, que perito oficial, señala que las firmas de cuando menos uno de ellos es falsa ...". Del delito de falsificación fueron absueltos.

El fallo fue emitido por la jueza María del Pilar Rubio Cisneros, quien asumió el despacho luego de la extraña muerte del juez Ernesto Edward Araujo Ramos de Rosas.

TIERRAS QUE PEJEZA VENDIÓ A TERCEROS

La segunda causa importante que defendió José Horacio Flores Vargas fue en la que finalmente el Poder Judicial declaró nulo y sin ningún valor el asiento registral de más de 16 mil hectáreas que fueron inscritas a favor del Pejeza en el año 1996 y que la Comunidad Campesina de Chepén (CCCH) reclamó judicialmente como suyas en un proceso que demoró más de 10 años.

El año 2013, el presidente de la Comunidad Campesina de Chepén, José Horacio Flores Vargas, con asesoría legal comunal acudieron al Juzgado Civil de la Provincia de Chepén, solicitando “nulidad de acto jurídico registral y otras”, contra el “INADE - Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña y otro”.

Se generó el expediente N° 00301-2013-0-1603-JM-CI-01, ante el juez Segundo Salvador Bustamante Rojas.

El pedido de nulidad del Asiento Registral B2 de la Partida Electrónica N° 04005058, correspondiente a un área de 16,363.25 ha a favor del Instituto Nacional de Desarrollo (Inade) - Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (Pejeza) y el Ministerio de Agricultura. La Comunidad reclamó la nulidad de dicha partida y además indemnización por daños y perjuicios por S/ 250 mil.

El Juzgado Civil de Chepén trasladó el proceso al Juzgado Civil Transitorio de Descarga de San Pedro de Lloc, que finalmente dispuso que el expediente sea devuelto al Juzgado Civil de Chepén para que se expida una nueva resolución final.

Allí, el juez Segundo Salvador Bustamante Rojas, con fecha 20 de marzo, emitió sentencia en Primera Instancia JCCH-JSSBR-2023.

En su sentencia que acogía en parte el pedido de los demandantes, el juez señaló que los demandados actuaron con dolo en forma deliberada, y vía ampliación de área dispusieron de las 16,363.25 ha de las tierras comunales e inscribieron.

Cuestionó al mismo Estado Peruano representado por el Pejeza señalando, “es reprochable como el Estado a través del Poder Ejecutivo que tiene el deber y la obligación de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación, haga caso omiso a dichos mandatos constitucionales y despoje y se apodere de tierras comunales debida y oficialmente reconocidas a la demandante”.

Así el juez Segundo Salvador Bustamante Rojas falló declarando fundada en parte la demanda interpuesta por la Comunidad Campesina de Chepén, a través de su presidente, José Horacio Flores Vargas, contra el Inade - Pejeza - Ministerio de Agricultura. Declaró “nulo y sin ningún valor jurídico el acto jurídico registral consistente en la inscripción sobre ampliación de área por 16,363.25 hectáreas, a favor del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, inscrito con fecha 25 de enero de 1996 en el asiento registral b-2 de la partida electrónica N° 04005058”.

En la sentencia añadió que los demandados debían pagar a la Comunidad una indemnización por daños y perjuicios en la modalidad de lucro cesante de S/ 135 mil. 

Gran parte de esas áreas el Pejeza las vendió a agroindustriales de la zona.

Dentro de estas 16 mil hectáreas, se instalaron torres de alta tensión por las que Distriluz, buscó gestionar posesión ante la Comunidad, entregando a cambio un tractor.

DISPUTA EN SAN JOSÉ DE MORO

Otra causa en la que la Comunidad Campesina de Chepén tiene un marcado protagonismo es en el del lanzamiento de unas 1,000 familias de San José de Moro.

De acuerdo a los antecedentes registrados en nuestros archivos periodísticos, el caso de desalojo del predio Talambo, o comúnmente conocido como Algarrobal de Moro, se sigue con el expediente 00555-2005-0-1603-JM-CI-01. El demandante Giulio Ciriaco Martín Aita Gervasi y otros solicitaron medida contra la Asociación Agropecuaria San José de Moro, predio El Algarrobal y todos sus ocupantes.

Así, con Resolución N° 118 del 10 de agosto del dos mil dieciocho, el Juzgado Mixto de Chepén dispuso la ejecución de la sentencia y hasta en 3 oportunidades fijó fecha para la diligencia de lanzamiento del inmueble ubicado en predio Talambo, que consta de un área de 325.49 Ha.

La ejecución no llegó a concretarse en las fechas fijadas por diferentes motivos, especialmente por seguridad y falta de garantías.

La medida que sigue en suspenso, dice en su sustento, “se ejecutará contra todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación, a excepción de algún Centro Educativo en el presente año escolar, con descerraje, derribo de obstáculos, construcciones e instalaciones si fuere necesario”.

La población asentada, así como agentes productores agrícolas conformado por comuneros de la Comunidad Campesina de Chepén rechazan la sentencia y han advertido que solo se provocaría un derramamiento de sangre en la “defensa de su tierra”.

En este escenario, la Comunidad Campesina de Chepén, con Flores Vargas como dirigente antiguo y preocupado por esta situación, ha estado del lado de las familias residentes, e incluso ha sido el soporte para una oposición documentada en ese caso.

Con ese respaldo dirigencial comunal, el presidente de la Asociación agropecuaria San José de Moro, predio El Algarrobal, Eliseo Valle Caro, sustentó que en su momento apelaron la decisión judicial que dispone el desalojo.

Cuestionan que la resolución 106 del Juzgado Mixto de Chepén, disponiendo el desalojo, contiene errores de hecho y de derecho. Exponía que el área en litigio es propiedad de la Comunidad Campesina de Chepén y que en consecuencia hay once campesinos que tienen títulos de propiedad dentro de la misma área. También sustentó que la zona es parte del Patrimonio Cultural de la Nación y hay instalados servicios del Estado, como un centro educativo, energía eléctrica, agua y desagüe. Las poblaciones están establecidas hace varios años, reconocidas por el Estado como asentamientos humanos con unas 5 000 personas residentes.

En el fondo del reclamo señalaron que Aita Gervasi, el demandante, no tomó posesión de esta área que él compró a la Cooperativa Talambo. Sin embargo, añadía, tampoco la cooperativa Talambo ha tenido posesión, sino que en una forma ilegal se hicieron adjudicar las 325 hectáreas que no le corresponden.

Agregaba que ni siquiera en la época de la hacienda se consideró ese territorio como parte de la propiedad de la familia Palacios Moreyra. Por eso no se explican cómo es que los cooperativistas pudieron vender algo que jamás les perteneció sino a la comunidad campesina.

En este contexto, la Comunidad Campesina de Chepén, con José Horacio Flores Vargas activamente involucrado en la defensa comunal, interpuso una demanda de nulidad de acto jurídico en Trujillo, para invalidar la venta hecha por la Cooperativa Talambo a Aita Gervasi.

EXIGEN INVESTIGACIÓN 

La consternación por el asesinato perpetrado contra José Horacio Flores Vargas, ha generado una corriente pública que exige una profunda investigación para identificar y ubicar a los autores materiales del execrable crimen. Sobre todo, se espera que el caso se llegue a resolver y dar con los autores intelectuales que acabaron con la vida de un legítimo luchador social y dirigente comunal que, pese a los riesgos y responsabilidades que tuvo en sus manos al dirigir la Comunidad Campesina de Chepén, lo hizo sin dudar.