Mientras se sigue esperando la designación de los nuevos ministros del ejecutivo que preside José Enrique Jerí Oré (Somos Perú)   se recupera información importante sobre su trayectoria política y las denuncias que enfrentó.

Un hecho saltante es que Jerí Oré incrementó su patrimonio notoriamente. Mientras que en 2014 declaraba 4,290 soles en bienes; en 2025 declaró más de 1 millón 158 mil soles.

De otro lado, en el cargo de congresista, Jerí Oré enfrentó denuncias por presunto abuso sexual, por desobediencia a la autoridad y por organización criminal. 

De la denuncia por abuso sexual, por hechos ocurridos en su vivienda en diciembre 2024, Jerí se salvó gracias a que el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez dispuso el archivamiento del caso, en agosto pasado.Gálvez fue reincorporado al Ministerio Público tras ser separado e investigado por su relación con la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. Aunque la denuncia por violación sexual fue archivada, Jerí enfrenta una indagación fiscal por presunta desobediencia a la autoridad, debido a que incumplió con la medida que dispuso el Juzgado Civil de Canta por este mismo caso, y lo obligaba a seguir un tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”.

El caso de organización criminal involucra a  14 congresistas, entre ellos Jerí, y a la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, porque habrían intercambiado favores para conseguir la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. 

Recientemente, Panorama dio a conocer que la empresaria Blanca Ríos asegura que pagó un soborno de S/150 000 a cambio de que la Comisión de Presupuesto del Congreso, que entonces presidía Jerí, incluyera un proyecto de Cajamarca en el presupuesto. 

Algo más que marca la trayectoria de Jerí, y que confirma su adhesión con el ejecutivo que presidió su antecesora Dina Boluarte, es que defendió el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y sus entonces ministros por la muerte de 50 personas en las protestas sociales que se produjeron entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

En julio de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que presidía María Acuña Peralta (APP), aprobó archivar la Denuncia Constitucional 509, por homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, interpuesta por el exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena, contra Boluarte Zegarra y los exministros Pedro Angulo Aranda, Alberto Otárola Peñaranda, César Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero.

Jerí Oré defendió que se determinó que no se habían presentado elementos de convicción suficientes que acrediten la conducta típica, antijurídica y culpable atribuible a los denunciados. Tampoco identificaron órdenes directas, actuaciones dolosas ni se ha demostrado un vínculo causal claro entre sus decisiones y resultados lesivos que se pudo evidenciar en ese periodo. Recomendó el archivo de la denuncia, lo que se aprobó por mayoría.

Otras votaciones de Jerí apoyaron las cuestionadas leyes que favorecen al crimen.