Ejecución del Saldo de Obra en Colegio José Andrés Rázuri Corre Riesgo de Ser Suspendida
Por falta de supervisor. Desde que se inició en marzo ha contado solo con inspectores
Nuevamente corre riesgo de paralizarse la obra de la IE emblemática José Andrés Rázuri. A 11 años del inicio de la ejecución física, la obra no termina, luego de abandonos, construcciones deficientes, demoliciones; pérdida de insumos, materiales y más de S/90 000 000 (90 millones de soles) de gasto en consultores, supervisores, funcionarios de Pronied, y ejecutores de obra, todo a costa de la necesidad de infraestructura educativa de la comunidad razurina.
El riesgo de la paralización fue confirmada luego de que una comisión de la IE integrada por el director del plantel, los exalumnos y miembros del CONEI realizaran una visita a las instalaciones de la obra.
Últimas Noticias ya había detectado que el proceso de selección para contratar la supervisión de la obra había sido retrotraído a la etapa de convocatoria por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Esto podría afectar la continuidad de la ejecución del “Saldo de Obra II: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. José Andrés Razuri - San Pedro de Lloc - Pacasmayo - La Libertad, Código Único de Inversiones 2131132”. Lo consultamos con la delegación del colegio JAR que visitó la obra el martes 1 de julio y lamentablemente se confirmó.
LA VISITA
El 1 de julio, mientras el Consejo Regional de La Libertad sesionaba en el salón de actos de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, la comisión de seguimiento de la IE José Andrés Rázuri, constituida por el director de la IE, Manuel Montenegro Hernández; la representante de los ex alumnos, Socorro Valencia de Crowley; el ex alumno y presidente del Colegio de Ingenieros del Perú - Comité Pacasmayo, Eloy Reyes Maldonado; el profesor Segundo Narro Sáenz y el ciudadano Raúl Carrasco Solano, ingresaron a la obra del JAR, previa coordinación con la constructora Consorcio Adriano y Pronied.
Cabe recordar que el martes 25 de junio, el congresista Héctor Acuña visitó la obra, pero no se permitió el ingreso de la comisión de seguimiento. Luego de ese incidente, se coordinó la visita de la comisión de seguimiento para el martes 1 de julio.
De acuerdo a información ofrecida por el director Manuel Montenegro Hernández, los ejecutores indicaron que la obra está en proceso y aunque hay un retraso en el cronograma, este sería corregido en los próximos días con la contratación de más personal de campo.
Agregó que fue muy productiva la presencia del ex alumno y presidente del Colegio de Ingenieros del Perú - Comité Pacasmayo, Eloy Reyes Maldonado, quien hizo algunas observaciones puntuales y se reservó algunas opiniones hasta que se tengan mayores elementos de juicio con la contrastación necesaria con el expediente técnico al que aún no tenían acceso.
El director señaló que por ahora los más de mil estudiantes siguen recibiendo clases en dos turnos y espera que el cronograma permita mejorar progresivamente las condiciones.
Por su parte, la representante de los exalumnos, Socorro Valencia de Crowley, contó a Últimas Noticias que en la visita del martes trasladó a la empresa ejecutora y especialmente a los funcionarios del Pronied la preocupación de la comunidad educativa por la forma cómo se ha dispuesto de los bienes del Estado que estaban en la zona de obra en las primeras de ejecución.
Esto debido a que no se sabe qué pasó con bienes como el portón del local de la calle Rázuri, así como algunos bienes de ese local. También por el destino del grass sintético, puertas, marcos de ambientes y arcos de las losas deportivas del local de la Av. Centenario, estos últimos adquiridos por los exalumnos. Según se les habría explicado, el portón estaría en el local de la calle Rázuri, y los otros bienes como el grass y los arcos, fueron supuestamente desechados en la demolición de los ambientes. Esta explicación fue rebatida por la exalumna con imágenes del retiro y traslado a una vivienda privada que habría dejado sin palabras a sus interlocutores.
La representante de los exalumnos indica que reclamó por esos bienes dado que al ser de propiedad del Estado bien pudieron destinarse a escuelas de zonas rurales de San Pedro de Lloc, que pudieron aprovecharlos, especialmente los seis pares de arcos que adquirieron los exalumnos.
EL RIESGO DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN
Tanto el director Montenegro Hernández como la representante de los exalumnos, Valencia de Crowley, indican que tanto los ejecutores de la obra, como los funcionarios de Pronied confirmaron que existe la posibilidad de que a partir del 1 de agosto, la obra sufra una suspensión temporal con un plazo indefinido.
De acuerdo a lo que se les explicó, desde que se inició la ejecución del saldo de obra, los primeros días de marzo, al no haber empresa supervisora contratada por Pronied, esta entidad designó inspectores y así se inició y se mantiene hasta ahora. Sin embargo, la normatividad solo permite esta figura en tanto se realiza el concurso de selección, se otorga la buena pro y se contrata al supervisor para que asuma su rol.
Pero como esto aún no ha ocurrido, el trabajo de los inspectores del Pronied concluiría indefectiblemente, por norma, el último día de julio, y desde entonces, al no haber ni inspector, ni supervisor contratado para la obra, esta se suspendería.
DATO DE LA OBRA
Cabe recordar que el comité de adquisiciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), para la ejecución del saldo de obra, otorgó buena pro al Consorcio Adriano, integrado por las empresas INCOVANA E.I.R.L. (RUC 20600223756 - Cusco) y JCC Ingenieros Contratistas S.A.C. (RUC 20477168702 - Lima), por el monto de S/ 37 428 463,53.
El monto ofertado por el consorcio para la ejecución de obra fue del 90% del valor referencial (S/ 41 587 181,69). El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), registra que de los integrantes del consorcio ganador, la empresa INCOVANA E.I.R.L. (RUC 20600223756 - Cusco), registra una sanción en el año 2018, por “Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP)”.
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