La alianza política entre el Ejecutivo y el Legislativo sigue adelante, en medio de graves escándalos de corrupción.

El cuestionado ministro del interior, Juan José Santivañez, se encargó de anunciar que la presidenta Dina Boluarte firmó la ley que evacuó el Congreso para excluir al Ministerio Público de la dirección de la investigación penal, y encargarla a la Policía Nacional del Perú.

Esto ocurre pese a que se han revelado graves casos de corrupción protagonizados por malos policías, y ante la evidente instrumentalización de la policía a la que se usa a favor del gobierno, para sostener un régimen que tiene 90% de desaprobación,y va en aumento.

El presidente del consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó la firma de la ley. Aunque  por el momento no dio más detalles, dijo que la norma estará publicada hoy, con lo que entraría en vigencia.

La nueva ley es cuestionada porque va contra la propia Constitución Política del Perú y el marco legal de la justicia penal; asimismo porque las reformas se realizan con un Congreso que ha demostrado que su interés no es mejorar la administración de justicia, sino alterarla a favor de las propias organizaciones políticas investigadas por delitos de corrupción y de crimen organizado.

Alistan otro golpe

De otro lado, varios jueces protagonizaron un plantón ayer contra próximas leyes del Congreso, el cual pretende subordinar y criminalizar a jueces y fiscales.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Oswaldo Ordoñez, dijo a la prensa que esta fue una medida para llamar la atención de la ciudadanía ante la gravedad de las leyes que se vienen.

Manifestó que los congresistas buscan criminalizar la función que desempeñan jueces y fiscales, “atentando flagrantemente contra el principio de separación de poderes”.

Explicó que se pretende crear una comisión en el Congreso “para que se encargue políticamente de evaluar las resoluciones de los jueces y fiscales ... invadiendo las competencias del Poder Judicial que es independiente y autónomo porque así lo dice la Constitución”. 

“La independencia de los jueces es un derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los jueces, todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial”, expresó Ordoñez.