El abogado penalista Mario Amoretti, entrevistado por Infobae, alertó que con el proyecto de ley de terrorismo urbano se corre el riesgo de que una persona que asista a una manifestación sea acusada como ‘terrorista urbano’.

“El (artículo) 315 se refiere al delito contra la tranquilidad pública, pero han hecho modificaciones (...) quieren hacer un sancochado en el Código Penal y así no se puede legislar (...) Si yo salgo a marchar y, en ese contexto, si se produce cualquiera de los delitos ... me acusan de terrorismo urbano para agravar las penas”, explicó.

Se refiere a quienes ejercen la “obstaculización de vías de comunicación o impedimento del libre tránsito”, con la intención de “obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida (...)”, contra quienes se impondría cárcel de 10 a 15 años. 

El proyecto de ley ya se encuentra en manos del Legislativo por lo que varios abogados hicieron críticas no solo sobre la intrascendencia de la norma y que responde más bien a un intento por calmar las exigencias de la población; pero advirtiendo los riesgos que está incorporando acabando con el derecho a la protesta.

Convenientemente el Ejecutivo promociona su proyecto de ley como la supuesta solución al incremento del crimen organizado, pero se sigue sin derogar la Ley 32108 que ha beneficiado a las “organizaciones criminales” dejando fuera a los traficantes de personas, bandas dedicadas a la tala ilegal, la extorsión, el sicariato, entre otras. Esta misma ley que sigue vigente y que se dio con este gobierno, cambió la figura de los allanamientos, pues ahora es obligatorio que en esa intervención esté presente el abogado del investigado.

El proyecto de ley del ejecutivo incorpora además lo que se considera una protección para policías y militares ya que en las disposiciones complementarias, indica que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que durante un estado de emergencia sean denunciados por realizar actos dentro de sus funciones serán investigados y procesados en fueros militares. 

Esto impediría que casos de policías y militares denunciados por abusos en las marchas de protesta, por citar un ejemplo, sean procesados en los juzgados civiles, y pasarían, pese a ser inconstitucional, al fuero militar. Esta última propuesta ha nacido del cuestionado ministerio del Interior, que dirige Juan José Santivañez.