Vladimir Cerrón Rojas, máximo dirigente de Perú Libre, cumplió un año burlando a la justicia.

El 6 de octubre de 2023, el Poder Judicial confirmó la sentencia contra el exgobernador de Junín, hallándolo culpable de incurrir en el  delito de colusión en la obra conocida como aeródromo Wanka, de Junín.

Cerrón fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión, quedó inhabilitado para ejercer función pública por 3 años y 3 meses; y se le impuso una reparación civil por 800 mil soles.

Según la acusación fiscal, en junio del 2014, Cerrón Rojas, en su calidad de gobernador regional de Junín, y el representante legal del Consorcio Gran Aeródromo Wanka, Luis García Morón, también sentenciado, suscribieron contrato omitiendo las observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas; del Ministerio de  Transportes y Comunicaciones, y transgrediendo la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas.

La concertación se habría dado para la admisión, evaluación, adjudicación y firma del contrato para la construcción, administración y operación del aeródromo.

El dirigente del partido Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo y a su sucesora Dina Boluarte, no puede ser detenido pese a que fue incluido en el Programa de Recompensas y se ofrece dinero por información que conduzca a su captura. La recompensa empezó en 100 mil soles, subió a 200 mil soles en agosto 2024 y a 500 mil soles, en setiembre.

A la sentencia por colusión se suma un mandato de prisión preventiva por 24 meses en el marco de una investigación  penal por la presunta comisión del delito de financiamiento ilegal de las campañas electorales en beneficio de Perú Libre.

Además Cerrón enfrenta unas 20 investigaciones penales en diferentes despachos fiscales.

Los ministros del interior anteriores a Juan José Santivañez, Vicente Romero, Víctor Torres y Walter Ortiz, también enfrentaron cuestionamientos por la incapacidad para ubicar y capturar a Cerrón. Pero, recién con Santivañez es que aparecen elementos que relacionan al Ejecutivo con Cerrón. 

Dato

Colusión es un tipo de delito de corrupción que se configura cuando un servidor público pacta con un tercero para defraudar al Estado en contratos públicos.