Con Dato Falso, Fiscalía Archiva Caso de Materia Ambiental
Hechos ocurrieron en AH Santa Lucía en San Pedro de Lloc
El 28 de agosto de 2024, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra seis personas que fueron intervenidas en el sector Santa Lucía, cuando extraían arena de una zona de dunas. Al hacer una revisión de los documentos relacionados a la disposición fiscal, se determinó que el archivamiento fiscal se basa en un dato falso, ya que si bien cita un permiso otorgado por la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, se ha cambiado groseramente el plazo del permiso, de un mes (que es lo que consta) por un año.
Quién o quiénes son los responsables del cambiazo, es lo que falta determinar.
Se debe tener en cuenta que la intervención policial se hizo el 9 de agosto y estuvo a cargo de la policía del Departamento de Investigación Criminal de Pacasmayo por la presunta comisión del delito de minería ilegal (Art. 307-A del Código Penal).
En la intervención policial del 9 de agosto 2024, también se incautó maquinaria.
Veinte días después el caso quedó archivado.
La fiscal que dispone el archivamiento del caso es Lastenia Acuña Raza; y el fiscal del caso es Mario Alberto Arista Malaver, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad (Trujillo).
El caso
El caso se remonta al 9 de agosto de 2024, cuando a la 1.30 de la tarde, personal del Depincri Pacasmayo, intervino en las inmediaciones del AH Santa Lucía, en San Pedro de Lloc, a seis personas que usando maquinaria pesada removían una duna, ubicada a unos 150 metros de la carretera Panamericana, para obtener arena fina para la construcción.
El personal policial halló a las personas Jones Mateo Caipo Chacón, Luis Fernando García Gálvez, y Eduardo Alfonso Vallejo Morales, este último sindicado como el responsable de los trabajos, acompañados de otras tres personas, Javiero Oswaldo Ponce Loof, Tyler Manuel Villanueva García y Jonathan Alexander García Rodríguez.
Los intervenidos utilizaban una camioneta Mitsubishi color blanco de placa T8L812, un volquete Scania de placa C8C-856, un volquete Scania de placa A7A887 y un cargador frontal marca CAT modelo 950H de serie CAT0950HHM1G01056.
Intervención policial en flagrancia, 9 de agosto 2024
El personal policial les solicitó los permisos para los trabajos que realizaban. Los intervenidos habrían respondido a la policía que estaban ampliando el área del terreno y aprovechaban el material no metálico para la nivelación de otra área del mismo para la construcción de viviendas.
El material, tal como consta en videos registrados, se retiraba del predio y se llevaba en viajes contínuos, en dirección norte del distrito de San Pedro de Lloc.
Debido a que las personas no mostraron la documentación, en físico, que autorice dichas actividades, los policías del Depincri procedieron a la intervención e incautación de maquinaria, poniendo a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, en Trujillo.
Las investigaciones
Durante las investigaciones a cargo del Ministerio Público, los intervenidos guardaron silencio, pero el fiscal del caso acopió documentos con los que finalmente se justificó el archivamiento del caso.
El primer documento, acaso clave para el archivamiento fue la Autorización para el uso de la vía pública emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. Documento, de fecha 29 de abril de 2024.
Junto a este documento, se recabaron el Oficio 1351-2024-GRLL-GGR-GREMH de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de fecha 18 de abril de 2024; un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos del 15 de abril de 2024; un título de posesión emitido por la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc con código AA-0079 del 21 de mayo del 2024, correspondiente al lugar denominado Villa Elena II; y documentación de la maquinaria que certifica la propiedad de las mismas a nombre de las empresas Proyecta G&G SAC y FECA SAC.
El 14 de agosto se realizó una constatación policial que según el Ministerio Público, “deja constancia que las actividades de remoción de tierra no ocasionan daño ambiental, ni tampoco alcanzan ningún cause [cita textual del documento fiscal] de río o quebrada o fuente de agua natural”.
La autorización municipal
El documento clave en el archivamiento es la Autorización para uso de la vía pública emitida por la GIDUR de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo de fecha 29 de abril de 2024. Aunque el fiscal sí transcribe textualmente que dicho documento autoriza “nivelar el predio denominado Villa Elena II, pudiendo únicamente realizar trabajos de movimientos de tierra y acarreo de material excedente; y trabajos de descarga de material de construcción…”.
A continuación, inexplicablemente el fiscal anota que la autorización municipal tiene vigencia de “un (01) año”, pese a que el documento municipal señala 30 días.
Con este error posteriormente se sustenta el archivamiento.
El archivamiento
Según la disposición fiscal, “en el caso concreto la actividad que se constató fue el removimiento de tierra en el área del predio denominado Villa Elena II… en tal sentido tenemos que la actividad contaba con la autorización respectiva, puesto que la Municipalidad Provincial de Pacasmayo - San Pedro de Lloc, el día 29 de abril, autorizó al investigado Luis Fernando García Gálvez para realizar trabajos de movimiento de tierras y acarreo de material excedente; además de trabajos de descarga de material de construcción en un plazo máximo de un (01) año en el predio denominado Villa Elena II”.
Añade el fiscal responsable del caso, “es importante destacar que la modificación de la superficie del terreno a través del movimiento de tierra cuenta con el respaldo de una autorización administrativa válida, otorgada por la municipalidad correspondiente. Dicha autorización, emitida el 29 de abril de 2024… legitima las acciones realizadas en el citado predio”.
En un segundo considerando, el fiscal asegura que “existe un permiso otorgado por la autoridad competente para la realización de actividades”. Cita el folio 95, sin embargo, en el listado de elementos de convicción recabados no menciona ningún permiso de autoridad competente en el tema de minería, salvo que se vuelva a referir a la autorización municipal.
Como tercer y último considerando el fiscal considera que “las actividades de removimiento de tierra no presuponen ningún tipo de perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, a la calidad ambiental o la salud ambiental”. (Se debe anotar que la posición del fiscal contrasta con la del experto Zaniel Novoa Goicochea, quien ampliamente ha explicado el daño que ocasiona al ambiente, la remoción de dunas).
El fiscal deja la calificación del daño en manos de la policía, pues agrega, “Tal como se puede corroborar del acta de constatación policial de fecha 14 de agosto de 2024, donde se constató que la remoción de tierras constituye a la remoción de dunas, y además, el área no se encuentra en ninguna quebrada y/o río”.
Siguen removiendo dunas
El miércoles 4 de septiembre, ciudadanos de San Pedro de Lloc se comunicaron nuevamente con Últimas Noticias para expresar su extrañeza de que nuevamente el sector de Santa Lucía era materia de una extracción masiva de materiales usando los mismos vehículos intervenidos el 9 de agosto.
Consultamos al Depincri Pacasmayo por el caso y se nos refirió que el responsable era el fiscal Mario Alberto Arista Malaver. Últimas Noticias se dirigió al fiscal Arista Malaver pero no respondió, ni a la llamada, ni al mensaje enviado.
La preocupación que se ha despertado en parte de la ciudadanía, por la remoción de dunas, tiene sustento conforme lo ha advertido el experto geógrafo y doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Zaniel Novoa Goicochea.
Dato
Aunque en la autorización municipal se señala que el permiso puede ser renovable, se ha confirmado que dicho trámite no fue solicitado y tampoco se generó en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo - San Pedro de Lloc.