Últimas Noticias preguntó al alcalde Elmer León Pairazamán por la autorización municipal, documento que ha sido usado para archivar la investigación contra seis personas que fueron intervenidas removiendo dunas y extrayendo arena del AH Santa Lucía, en San Pedro de Lloc.

El alcalde, luego de conocer los detalles del archivamiento y el uso que le dio el Ministerio Público, se mostró contrariado pues recurriendo a los archivos de la entidad mostró que la Autorización emitida el 29 de abril de 2024, dice textualmente que “el permiso es otorgado por un plazo máximo de 30 días”.

De este modo, lo primero que salta a la vista es que el plazo de dicha autorización venció en mayo; por lo que el 9 de agosto de 2024, cuando el personal de Depincri intervino a las seis personas que extraían arena, la autorización ya no estaba vigente.

El burgomaestre dijo desconocer cómo se originó tan grave error a nivel fiscal, ya que claramente la vigencia del permiso municipal es por un mes; pero en fiscalía se anota como si fuera un año.

El alcalde mostró los documentos municipales y cargos respectivos. Se acredita que se trasladó copia de la autorización directamente al fiscal Bruno William Paredes Cisneros, dado que dicho despacho exigía “un informe documentado sobre las autorizaciones para la extracción de material de acarreo de agregados de construcción a favor de la empresa FECA SAC y Proyecta G&G SAC”.

El mismo pedido fue atendido el 21 de agosto con Oficio 779-2024-MPP/A dirigido al comandante PNP Víctor H Castro Palomino, jefe de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de La Libertad, quien el 14 de agosto con Oficio 447-2024-DIRNIC-PNP-DIRMEAMB/UNIDPMA-LL-INV solicitó información documentada sobre “autorización otorgada por su representada para realizar actividades de minería no metálica (extracción, acopio, beneficio y otros) en el sector El Arenal”. Esta documentación, según el pedido firmado por el comandante Castro Palomino sería trasladada al fiscal Mario Alberto Arista Malaver, responsable del caso.

El oficio de respuesta de la municipalidad a la policía señala textualmente que la autorización se extendió “NO para realizar actividades de minería no metálica, dicha autorización tiene una vigencia de 30 días calendario desde su emisión”.

El alcalde agregó que la autorización también tiene una restricción que ni ha sido respetada por el solicitante, ni ha sido valorada por el Ministerio Público. Dice expresamente que sólo se autoriza a “movimiento de tierra y acarreo de material excedente” y “Trabajos de descargas material de construcción”.

Explicó que según el proyecto de los solicitantes, se iba a nivelar la explanada que está a nivel de la Panamericana y precisamente el material excedente de esa nivelación sería retirado. Además, se autorizaba a ingresar material de construcción al lugar, para la construcción de viviendas allí. “En ningún momento se autorizaba extraer grandes cantidades de arena de la duna adyacente para llevarla fuera del lugar”, enfatizó el alcalde.

Mostró además el pedido ingresado a la MPP por Luis Fernando García Gálvez, de fecha 19 de abril de 2024, en el que solicita “autorización para uso de vía pública y limpieza de terreno y acarreo de material excedente… para poder realizar trabajos de movimiento de tierra, nivelación, corte y acarreo de material excedente del terreno en mención”.

Toda esta documentación, añadió el alcalde, fue de conocimiento del Ministerio Público y de la Policía de la Dirección de Medio Ambiente, a cargo de la investigación.

Finalmente indicó que promoverá las reuniones técnicas necesarias para cerrar el paso posibles actos de afectación a las áreas naturales que, como señaló el doctor Zaniel Novoa Goicochea, deben ser protegidos; a diferencia de lo que se está viendo desde los operadores de justicia, supuestamente especializadas en protección del medio ambiente, que por lo menos no evidencian diligencia en su labor.