El contralor general, Nelson Shack Yalta, presentó los resultados del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, una herramienta que utiliza la inteligencia artificial y 24 indicadores para evaluar el desempeño de 2928 entidades públicas a nivel nacional. 

“El INCO 2024 evidenció que 321 entidades públicas a nivel nacional registran puntajes altos y muy altos de riesgos de corrupción en inconducta funcional”, reveló.

De acuerdo con el INCO 2024, las entidades que lideran el ranking de mayores riesgos de corrupción e inconducta funcional a nivel nacional son: la Municipalidad Provincial de Huamanga (Ayacucho) con 87 puntos sobre 100, el Seguro Social de Salud ESSALUD (Lima) con 86.2 puntos, la Municipalidad Provincial de Huánuco (Huánuco) con un puntaje de 85.8, la Municipalidad Distrital de El Porvenir (La Libertad) con 83.4 puntos y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua) con 82.6 puntos.

“El objetivo de esta medición es lograr que aquellos que registran altos riesgos de corrupción e inconducta funcional traten de mejorar sus indicadores para el próximo año. Si sales mal en esta foto, arréglalo. [En la Contraloría General], contamos con equipos técnicos del Observatorio Anticorrupción que pueden explicarles a los gestores públicos a entender cuáles son los indicadores y métricas utilizados para evaluar a las entidades, a fin de que se puedan implementar medidas para mejorar su desempeño”, señaló el contralor general.

Riesgos por nivel de gobierno

A nivel de entidades del Gobierno Nacional, se destaca que el 13% (48 de 371) de las entidades evaluadas del Gobierno Nacional alcanzaron puntajes altos y muy altos. Las entidades con mayor puntaje se orientan al sector Educación (20), Salud (8), Defensa (4), Interior (3), Transporte (2), Justicia (2) y otras (9).

Mientras que, a nivel de Gobierno Regional, se pudo conocer que más del 50% (16 de 26) de los gobiernos regionales (sedes centrales) alcanzaron puntajes altos y muy altos. Entre ellos resaltan los gobiernos regionales de Junín (71.6 puntos), Arequipa (70.2 puntos), Huancavelica (68.6 puntos), Áncash (67.9 puntos) y Loreto (67.9 puntos).

Respecto a las entidades del Gobierno Local, se informó que más del 40% (22 de 50) de las municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao alcanzaron puntajes altos y muy altos. Entre estas podemos mencionar a la Municipalidad Metropolitana de Lima (80.4 puntos), así como las municipalidades distritales de San Juan de Lurigancho (79.3 puntos), Chorrillos (77.2 puntos), Ate Vitarte (74.0 puntos) y Comas (70.7 puntos). También, la Municipalidad Provincial del Callao (70.7 puntos).

Cabe precisar que cuatro provincias han obtenido puntajes por encima de los 50 puntos en el INCO 2024. Se trata de Jorge Basadre en Tacna (61.7 puntos), Zarumilla en Tumbes (51.8 puntos), Casma en Ancash (51.4 puntos) y Mariscal Nieto en Moquegua (50.5 puntos).

Funcionarios con sanciones vigentes

De otro lado, se informó que existen 6070 funcionarios y/ servidores públicos con sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) de la Autoridad del Servicio Civil (Servir). El 39% de estas personas corresponden a las entidades del Gobierno Nacional, el 33% a entidades del Gobierno Regional, el 26% a municipalidades provinciales y distritales y 1% restante a Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES) y empresas que se encuentran bajo el ámbito bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).Cabe precisar que del total de las entidades evaluadas por el INCO 2024, el 32% (946) tienen sanciones vigentes en el RNSSC.

Asimismo, resulta relevante mencionar que la Contraloría General ha identificado en el 44% (1295) de las entidades evaluadas a funcionarios y servidores con presunta responsabilidad civil y/o penal en el 2023, mientas que en el 43% (1250) de las entidades se identificaron presuntas responsabilidades administrativas. Más de 9 mil servidores públicos con responsabilidades administrativas, civil y/o penal tienen cargo de titular y/o directivo.

Otro dato importante es que alrededor del 30% de las entidades evaluadas cuentan con recomendaciones administrativas, civiles y penales pendientes de implementar.