El Congreso aprobó, este jueves 4 de julio, nuevos proyectos de ley que quedaron listos para ser promulgados por el Ejecutivo, pese a  una serie de cuestionamientos por sus implicancias.

Prescripción en delitos de lesa humanidad

Con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, la Comisión Permanente del Congreso aprobó -en segunda votación- el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que terminará impidiendo el enjuiciamiento de los autores de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados antes del año 2002.

La primera votación se dio en el pleno del 6 de junio.

La norma aprobada que deberá ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigencia señala:

“Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”.

“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

El proyecto fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular).

Esta propuesta de ley fue rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ir en contra de tratados internacionales adoptados por el Estado Peruano.

Organizaciones criminales 

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 5981 que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado; y la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares.

La norma limita las características que permiten tipificar una organización criminal, favoreciendo que queden fuera grupos dedicados a la estafa, por ejemplo.

El acuerdo fue adoptado 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones.