La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se reunieron  este martes 25 de junio, en La Haya, con miembros de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Invocando el artículo 15 del Estatuto de Roma, presentaron un informe sobre las muertes ocurridas como consecuencia de la represión estatal contra las protestas ciudadanas protagonizadas al inicio del gobierno de Dina Boluarte, principalmente en regiones del sur del país.

Se detalla “evidencia” por la presunta comisión de los crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, en agravio de 49 personas asesinadas y 937 heridos.

En los documentos presentados, ambas organizaciones detallan el ataque sistemático contra los ciudadanos manifestantes, y que se recurrió “a la violencia de manera desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías, principalmente en contra de hombres jóvenes e indígenas”. 

“Pese al conocimiento de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia, organizada y aprobada por parte de altas autoridades del gobierno, continuó durante dos meses. Estos hechos constituyen de manera evidente crímenes de lesa humanidad conforme a la definición del Estatuto de Roma”, argumentan para solicitar a la Fiscalía de la CPI, la apertura de una investigación sobre Perú.

La directora de APRODEH, Gloria Cano, explicó que “se ha hecho un perfilamiento muy detallado, caso a caso, de las 49 víctimas. Se examinaron las causas de muerte de cada una de las personas y los patrones de las lesiones: impactos de balas (en torsos y rostros). La mayoría fueron asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta. También se especifican los ejercicios de justiciabilidad, que, hasta la fecha, se han llevado a cabo a través de la fiscalía para esclarecer las bases de los delitos cometidos por la policía y miembros del ejército”.

La directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, denunció “el evidente racismo de los asesinatos que se dieron en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, que afectaron en su gran mayoría a población indígena (quechuas y aymaras). El gobierno acusó, sin elementos de pruebas, a los manifestantes de pertenecer a grupos terroristas”.