Conforme a la agenda que viene imponiendo la mayoría dominante, el pleno del Congreso aprobó el dictamen que modifica la definición de organización criminal y obliga a que el involucrado y su abogado estén presentes en los allanamientos, lo que implicaría que estas medidas sean comunicadas con anticipación.

La propuesta la presentó el presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza (Perú Libre), en base a un proyecto de Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, quien además de estar sentenciado, es justamente investigado por presunta organización criminal.

El proyecto se aprobó en primera votación, el jueves 30 de mayo, con 51 votos a favor, 13 en contra y 32 abstenciones. 

Apoyaron  los votos de Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial, Fuerza Popular, Podemos, entre otros. La única bancada que se opuso rotundamente fue Cambio Democrático - Juntos por el Perú.

Con la nueva ley se considerará organización criminal al grupo con compleja estructura “desarrollada y mayor capacidad operativa” conformada por tres o más personas que concerten, y se repartan roles para cometer delitos que sean sancionados con más de seis años de cárcel. Estas condiciones harán más difícil la calificación de organización criminal, y dejará a varias fuera de la investigación.

Además buscan que la fiscalía no pueda solicitar al Poder Judicial el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas a ingresos pensionarios, con bienes, y activos de partidos políticos.

Imponen que los allanamientos se realicen con presencia del interesado y de su abogado, cuando no hubiera este último el Estado deberá proporcionar uno de oficio.

De prosperar esta ley, se modificará el Código Penal, la Ley Contra el Crimen Organizado, entre otras normas.