El ciudadano Mario Eliseo Aliaga García interpuso una denuncia por la presunta comisión de los delitos contra la Administración de Justicia, contra dos fiscales, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo y de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Trujillo. El denunciante ha dirigido su denuncia al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, señalando que ambos funcionarios habrían incurrido en prevaricato, denegación y retardo de justicia en la omisión del ejercicio de la acción penal.

Aliaga García señala al fiscal Germán Risco Baquedano y a la fiscal Carla Aurora León Aguilar como presuntos autores de los ilícitos mencionados al haber archivado una denuncia que interpuso en la Fiscalía de Pacasmayo y por la que luego acudió a la fiscal superior.

El origen del caso se remonta a una denuncia por usurpación, promovida por la madre de Aliaga García, la señora Eusebia García Castañeda contra Kelly Ruth Ruiz Aliaga y su conviviente Jaime Benito Lezama Huaccha, por un predio ubicado en el centro poblado de Limoncarro. El caso deriva en una presunta falsificación de certificado de posesión y fue asumido por el fiscal Risco Baquedano quien inició la investigación preliminar y luego de las diligencias fiscales dispuso no continuar y archivó la denuncia.

En criterio del denunciante Mario Eliseo Aliaga García, el representante del Ministerio Público, “tenía el deber y la obligación de constituirse in situ al lugar de la comisión del delito, paralizar la obra, tomar placas fotográficas, así como recabar las declaraciones de los infractores, es decir, practicar constatación fiscal. Se le solicitó, se le reiteró, sin embargo permitió la construcción, no obstante que se acompañó documentos e instrumentos donde se estableció que mi madre adquirió en 1970 el predio”. En la demanda de usurpación advertía que los denunciados presentaron un certificado de posesión falso supuestamente expedido por la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Limoncarro del 20 de julio del 2010, suscrito por el entonces alcalde Diomedes Vásquez Plasencia. Dicho documento no se encontró en los archivos del centro poblado y cuando el fiscal del caso pidió el documento original a la demandada, esta no lo hizo. La firma del ex alcalde del CP Limoncarro también fue cuestionada, pero pese a ello, “no han actuado con idoneidad, celo ni conocimiento y es así que ni siquiera han respetado los términos, ni los plazos…”.

Aliaga García considera que los representantes del Ministerio Público habrían desnaturalizado los procedimientos; por lo que cuestiona el archivamiento de su denuncia.

Cabe indicar que tras la disposición fiscal del 26 de octubre de 2022, del fiscal Risco Baquedano archivando la denuncia por usurpación, eleva queja ante la fiscal superior Carla Aurora León Aguilar, quien el 8 de febrero 2023 dispone que el caso retorne al fiscal Risco y se actúen diligencias complementarias. El fiscal Risco despliega nuevos actuados. Sin embargo, el denunciante reclama que el fiscal no cumple con todas las disposiciones de la fiscalía superior, y vuelve a archivar el caso, el 12 de junio de 2023. Aliaga García acude nuevamente a la fiscal León Aguilar en queja contra el fiscal Risco. Pero esta vez la magistrada señala que el fiscal Risco sí cumplió con los actos requeridos, declara infundada la queja de Aliaga y ratifica la decisión del fiscal del caso.

Estas decisiones fiscales son las que Aliaga García cuestiona y por las que reclama una investigación interna.