La mayoría de los congresistas han demostrado sobradamente que su interés no está puesto en el país, sino en sus intereses particulares. Entre las múltiples muestras que han dado, está el blindaje contra los ‘mochasueldos’, una práctica que implica responsabilidad penal y que tiene varios involucrados. Hoy, esa misma mayoría, capaz de aliarse con sus supuestos enemigos políticos, está decidida a blindar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El objetivo es evitar que Benavides sea sometida a la justicia por su implicancia en una presunta organización criminal, en una investigación que ha empezado por sus tres asesores, Jaime Villanueva Barreto, Abel Hurtado Espinoza y Miguel Angel Girao Isidro.

Aunque este martes 5 ganó protagonismo la decisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional que han ordenado al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (Inpe) “la inmediata libertad de Alberto Fujimori”, hay hechos paralelos que complican la situación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de unos 40 congresistas, y se sospecha involucraría también a magistrados, entre otros funcionarios estatales.

Recuérdese que Benavides cesó a Villanueva, del cargo de gerente central de la Fiscalía de la Nación, justo antes de que fuera detenido en el marco de la operación Valkiria V, el lunes 27 de noviembre. En la madrugada de ese día, en las oficinas estatales, la fiscal Benavides, fiscales de su confianza, y los asesores, se reunieron con fines desconocidos. Pero luego se supo borraron archivos de computadoras y se destruyeron documentos.

En una audiencia judicial de prisión preventiva, celebrada ayer, martes 5, Villanueva confirmó que es colaborador eficaz y se allanó a los requerimientos del Ministerio Público.

Trascendió que ha empezado a dar detalles del rol que cumplió en la presunta organización criminal que involucra a Benavides.

Algunas de las primeras confesiones de Villanueva, son que los chats contenidos en la investigación que le ha abierto la fiscal Marita Barreto son auténticos. Reconoció la autenticidad de las conversaciones que ha sostenido con un congresista (con identidad en reserva) que ha venido colaborando con el Equipo especial contra la Corrupción.

Asimismo confirmó que el modus operandi era negociar con los congresistas para obtener sus votos en determinados casos a cambio de la protección fiscal con el archivamiento o entorpecimiento de investigaciones. Se filtró que habría asegurado que actuó por orden de su jefa, Benavides.

Villanueva podría salir en libertad, en cuestión de horas, puesto que se cumplió el plazo de detención preliminar de 10 días, y se frustró la audiencia de prisión preventiva por su trato de colaborar con la justicia.

Se da por descontado que es cuestión de tiempo, conocer a más implicados en la organización que operaba intercambiando favores manipulando resoluciones fiscales a conveniencia de políticos que a cambio hipotecaban su votación. Según Villanueva, estos acuerdos operaron para la ‘elección’ de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la destitución de la fiscal Zoraida Ávalos y la destitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, hecho que se encuentra en curso.

Mientras estas revelaciones trascendían, la fiscal Benavides se presentaba ante la comisión de Fiscalización del Congreso para responder por su presunta implicancia en la organización criminal ‘La Fiscal y su cúpula’. La mayoría del grupo de congresistas se mostró complaciente con Benavides. Hubo algunas excepciones, como las intervenciones de las congresistas, Susel Paredes y Sigrid Bazán.

La aún fiscal de la Nación, Benavides, trató de desvirtuar la validez de los chats y negó cualquier responsabilidad. Logró poner énfasis en la lectura de sus argumentos, pero fue notoria su dificultad para responder sin apoyo escrito. Llevó como su abogado al excongresista Jorge Del Castillo. Una de las observaciones que se hizo es que Del Castillo es uno de los investigados por el equipo Lava Jato en el caso de lavado de activos que se sigue a un grupo de políticos apristas, por los pagos presuntamente ilegales que les hizo Odebrecht.

Volviendo al caso Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la liberación del expresidente hasta resolver si se cumplen las condiciones. Se teme el uso interesado del caso, dada la dimensión que tiene la organización puesta al descubierto en la fiscalía de la Nación.