En El Peruano edición del 4 de diciembre, se publicó el Decreto Legislativo 1589, que modifica el Código Penal y aumenta las pensas para quienes protesten tomando carreteras.

La medida se conoce en vísperas de nuevas protestas anunciadas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que el 7 de diciembre cumple un año en el poder.

Según el decreto se sancionará con pena privativa de la libertad, no menor de diez ni mayor de quince años, la afectación de las vías terrestres y fluviales, y de la infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, y la vinculada a la distribución de energía, hidrocarburos y minerales, entre otras.

La pena será de no menos de ocho ni más de diez años de prisión, contra quienes causen graves daños sobre los recursos, las infraestructuras y los sistemas esenciales para el desarrollo y el mantenimiento de las capacidades nacionales vinculadas a servicios públicos.

Se condenará hasta con seis años de cárcel a quienes de manera voluntaria colaboran con el "delito de disturbios", entregando bienes muebles, objetos o instrumentos, o recursos financieros.