Con fecha 21 de noviembre, la gerencia general de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se ha visto obligada a comunicar a todos sus trabajadores sobre el incremento de la corrupción al interior de la misma, conforme al “Resultado del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) edición 2022 e inicio de Evaluación del INCO 2023”.

Esto a raíz de que la Contraloría General de la República remitió a la ANA el Oficio 003326-2023-CG/DC, mediante el cual adjunta el estudio señalado que ubica a la ANA entre las entidades estatales con alto índice de corrupción.

La ANA, además de comunicar el hallazgo a todos los órganos internos, les da la instrucción de revertir la situación antes descrita cumpliendo con diversas obligaciones legales.

La ANA, además de comunicar el hallazgo a todos los órganos internos, les da la instrucción de revertir la situación antes descrita cumpliendo con diversas obligaciones legales.

En el estudio de la Contraloría se precisa que los niveles de corrupción identificados se reflejan en contrataciones sin competencia; presuntos fraccionamientos de contrataciones en adquisiciones menores o iguales a 8 UIT; responsabilidades administrativas, civiles y penales que no se sancionan; funcionarios y servidores que no declaran información bancaria; y alto número de servicios de control posterior realizados por la Contraloría derivado de hechos con presuntas irregularidades.

Hay indicadores de corrupción que se han mantenido respecto del 2021, pero que obligan a la ANA a corregir. Se trata de indicadores como el número de servidores públicos que no declaran a sus parientes; incumplimiento en remisión de obligados a presentar Declaraciones Juradas; y el número de funcionarios y servidores con presunta responsabilidad civil o penal.

¿Se podrá enderezar?

Para revertir la crítica situación de corrupción interna se dispone cumplir con la recomendación de la Contraloría con acciones correctivas y preventivas como cumplir con Elaborar Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de las contrataciones en el marco de las normas vigentes; evitar los fraccionamientos en las adquisiciones, en función al valor estimado de la misma; que la Oficina de Administración y Recursos Humanos formen los expedientes que deban derivarse a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios y realizar el seguimiento correspondientes.

También se ordena la emisión de un memorando múltiple con instrucciones para que se cumpla con las declaraciones juradas incluyendo la información bancaria y declaración de parientes. Asimismo se dispone que asesoría jurídica y procuraduría sigan los procesos penales y civiles, conforme corresponda y que informen sobre los mismos a Administración.

Se dispone que se responda dentro de los plazos a los requerimientos de la Contraloría; y que Recursos Humanos, Abastecimiento y Patrimonio verifiquen en las contrataciones CAS o locación de servicio la condición de inhabilitados, deudores de alimentos, antecedentes policiales, penales y judiciales de los contratados.

La gerenta general del ANA, Nelly Trinidad Rodríguez Cuzcano, concluye advirtiendo que todo servidor civil tiene la obligación de denunciar los actos de corrupción que sean de su conocimiento.

Dato

Según el Observatorio Nacional Anticorrupción de la Contraloría, la ANA pasó de un puntaje INCO de 63.4 en el 2021 a 68.2 en el 2022.

INCO es el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional.