Se siguen detectando contrataciones irregulares en municipalidades, pese a las múltiples acciones de la Contraloría al respecto.

Esta vez la Municipalidad Distrital de Pacanga fue visitada por una comisión de control del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chepén en busca de verificar el cumplimiento de la Ley 31419, su reglamento e instrumentos de gestión de servidores designados, contratados o con encargatura en primer y segundo nivel de la MDP. Los hallazgos son concluyentes.

El estudio a la entidad se realizó entre el 3 de enero y el 24 de mayo. El informe se emitió el viernes 26 de mayo y fue publicado ayer 31 de mayo.

De acuerdo a los hallazgos, se determinó que la jefatura de la Oficina de Administración y Finanzas fue encargada a la señora Kelita Elisa Boado Urtecho, mediante Memorando N.° 059-2023-MDP-URH del 21 de febrero de 2023, sin embargo a esta encargatura que se hizo de manera directa y sin concurso público, se le está dando la tratativa de un directivo superior de libre designación y remoción, pero no cumple con el requisito de Formación Académica, descrito en el Reglamento de la Ley N.° 31419. No cuenta con título profesional otorgado por universidad, sino con título profesional emitido por instituto. Tampoco tiene como mínimo cinco años de experiencia en gestión municipal, gestión pública y conducción de personal.

Respecto del gerente municipal, Silvia Esperanza Vásquez Saldaña, la Contraloría advierte que su designación mediante Resolución de Alcaldía N° 0140-2023-MDP/A del 4 de mayo de 2023, no cumplió con cubrir los requisitos previstos en el MOF de la MDP, es decir los 2 años de experiencia en cargos similares.

También se observó la designación del gerente de Servicios Públicos, Jihmmy Paúl Chavarry Chavarry. Su designación con Resolución de Alcaldía N° 031-2023-MDP/A no respetó lo estipulado en las normas del sector. No cumple con el requisito del título profesional universitario en Ingeniería Ambiental, o carreras afines que incluyen especialización en gestión medio ambiental.

En cuanto al gerente de Desarrollo Social y Humano, Julia Natali Suing Villoslada, la Contraloría señala que su designación con Resolución de Alcaldía N° 05-2023-MDP/A no cubre el requisito de la experiencia laboral no menor a dos años en actividades afines al cargo.

También detectó que en la jefatura de Secretaría General se designó el 3 de enero de 2023 a Yessica Mayne Narro Carrasco con R.A. N° 011-2023-MDP. Sin embargo, la designada no cumple con el requisito de contar con estudios superiores concluidos o no en carreras afines a la profesión de abogado, o estudios relacionados con la especialidad; así como una experiencia laboral de 3 años en funciones afines al cargo de jefa de Secretaria General.

En Planificación y Presupuesto, la Contraloría detectó que Ingri Kateri Lezcano Urbina, fue designada en la jefatura con R.A. N° 102-2023-MDP/A, sin contar con que la designada no cumple con el requisito de contar con título profesional.

Caso procuradora

La Comisión de Control, encontró que a través de CAS transitorio se contrató y designó con R.A. 02012-2021-MDP/A del 19 de octubre 2021 como Procuradora Público Municipal a Martha Silva Paredes, pese a que no se configura dicha modalidad para acceder a ese cargo. Bajo esta figura irregular se hizo contratos mensuales desde octubre 2021 a diciembre de ese año y luego se amplía un nuevo contrato irregular hasta diciembre del 2022.

Aunque la contratación llegó a su fin en diciembre de 2022, la designada en el cargo ha continuado laborando en esa oficina hasta la actualidad.

A esta irregularidad, añade que no acredita los requisitos adicionales establecidos en los perfiles de puestos provisionales; afecta la legalidad e idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública.

Igualmente, la Contraloría halló que los cargos de Asesoría Jurídica, Juan Carlos Barba Noriega; y Administración Tributaria, Dany Daniel Lazo Castro, fueron contratados mediante Órdenes de Servicios y/o contratos de locación de servicios.

Precisa la Contraloría que la Ley N° 31298 detalla, “Prohíbese a las entidades mencionadas en el artículo 2, contratar personal a través de la modalidad de locación de servicios para cubrir puestos o funciones de carácter permanente o no permanente, bajo responsabilidad administrativa, penal y civil, de corresponder, de los funcionarios o servidores que soliciten o autoricen la contratación.”

Independientemente de la improcedencia de una contratación tal como se hizo, el designado en Administración Tributaria, no cuenta con el requisito de formación académica de estudios superiores concluidos en administración, economía, derechos o carreras afines. Tampoco con la experiencia de 2 años en labores similares.

Estos hallazgos fueron trasladados al alcalde César Cerna Cruzado a través del informe N° 013-2023-OCI/2951-SOO, el viernes 26 de mayo, para que adopte las medidas correctivas.