Acuerdo de Concejo Para Segunda Subasta de Lotes No Alcanzó Votación Requerida
La Municipalidad Distrital de Pacasmayo convocó a una conferencia de prensa ayer que celebró con la intención de aclarar las dudas y temores que podrían tener eventuales compradores de los lotes de terreno que pretende vender en una segunda subasta pública, esta vez en el sector El Trapecio.
La MDP realizó una primera subasta en la que colocó similar número de lotes por los que recaudó cerca de S/ 4 millones, aunque no cumplió con publicar los resultados; y tampoco con el compromiso ante el concejo de informar sobre el destino de esos recursos.
Ayer, en conferencia de prensa, a la que Últimas Noticias no fue convocado, el procurador de la MDP, abogado Jorge Linares Méndez, se refirió a la carta notarial enviada al alcalde César Milla Manay, por la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc (CCSPLL), solicitando se abstenga de realizar la subasta por cuanto se había entablado un proceso por mejor derecho de propiedad sobre un área que abarca el sector El Trapecio, zona donde se ubican los lotes de la segunda subasta.
La presidenta de la CCSPLL advertía que la demanda, que consideran resultará favorable a la Comunidad, generará problemas a los ciudadanos que se aventuren a comprar lotes en El Trapecio.
La presidenta de la CCSPLL advertía que la demanda, que consideran resultará favorable a la Comunidad, generará problemas a los ciudadanos que se aventuren a comprar lotes en El Trapecio.
Linares Méndez sobre dicha demanda dijo: “He intentado perseguirlo por el sistema. No ha tenido sistema el Poder Judicial. Lo desconozco francamente porque no hemos sido emplazado por este aparente proceso judicial”.
En suma, no estaba en posibilidad de negar la existencia de la demanda por la cual, la Comunidad ha alertado a la población no dejarse sorprender por una subasta que ”no va”.
IDÉNTICO A CASO LINGÁN
Con el caso en ciernes, Últimas Noticias consultó con el abogado municipalista Alejandro Merino Huamán, para conocer su opinión legal.
El letrado partió de la premisa de que el alcalde César Milla Manay estaría por recorrer el mismo camino del exalcalde Juan Lingán Ríos, actualmente perseguido por la justicia al haber dispuesto de un terreno municipal sin tener un acuerdo que lo ampare.
Merino Huamán dijo: “No es diferente a la experiencia Lingán. Porque no hubo acuerdo de concejo. En el caso actual, el concejo aunque votó en mayoría, no alcanzó el número legal para cumplir con el requisito de eficacia. Para que tenga efectos legales. La diferencia es que en el caso de Lingán el concejo primero aprobó y después lo dejó sin efecto. En este caso el concejo aprobó, pero no cumplió con la votación requerida. No surte efecto legal”.
Tres regidores se opusieron y si se consuma la subasta, con pleno conocimiento de la ilegalidad, colocaría al alcalde Milla bajo la misma figura con la que se procesó a Lingán Ríos.
Agregó que para que tenga efecto legal, no solo se requiere del voto de los dos tercios del concejo para enajenar mediante subasta la propiedad municipal, como sí se logró en la primera subasta en que el voto aprobatorio fue por unanimidad. Esta vez tres regidores se opusieron y si se consuma la subasta, con pleno conocimiento de la ilegalidad, colocaría al alcalde Milla bajo la misma figura con la que se procesó a Lingán Ríos.
“Entonces el primer elemento es el material, la aprobación en sesión de concejo. ¿Se ha cumplido? No. En el supuesto de que se cumpla, hay otro requisito que es la publicación del acuerdo de concejo. Con este se otorga la eficacia. Sumados los dos, surte efectos legales. En este caso ni siquiera cumple el primer requisito. El acuerdo no alcanzó la votación legal, en consecuencia el alcalde no puede disponer de los bienes. La ley es bien clara, cuando vas a disponer de los bienes tienes que contar con un acuerdo de concejo con el número legal de las 2 terceras partes de los regidores. No hay excepción”.
CIUDADANOS PUEDEN TERMINAR ESTAFADOS
Merino Huamán amplió su análisis hasta las consecuencias que traería una eventual subasta en perjuicio de los eventuales compradores, debido a que no se cuentan con los requisitos fundamentales de aprobación de disposición de la propiedad de los bienes municipales.
“Prácticamente allí puede concurrir un tema de estafa porque le van a engañar a la población. Si bien es cierto el ciudadano va a comprar con la creencia de que son titulares, esto no podría concretarse en Registros Públicos, por los requisitos antes mencionados”.
Añadió que “al que se tiene que denunciar es a quien actuó, quien ha engañado, quien estafó… cualquier persona además puede recurrir a Registros Públicos y tachar la inscripción de los títulos porque no cumple los requisitos. El registrador seguramente evalúa y lo va a tachar. Lo que pasa es que aquí es tierra de nadie. Hacen lo que les da la gana y nadie les dice nada. De que venden, claro pueden vender, viene la gente a la subasta y paga y le dan. Pero después viene el problema”.
"Es obligación del alcalde hacer de conocimiento el acuerdo a la Contraloría".
Respecto del acuerdo de concejo, precisó, que "es obligación del alcalde hacer de conocimiento el acuerdo a la Contraloría. Tiene 10 días para hacer saber a la Contraloría, y esta tiene la obligación de advertir si no se cumple con los requisitos”.
El Artículo 66, sobre “APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL” señala que “la donación, cesión o concesión de bienes de las municipalidades se aprueba con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el concejo municipal”.

