De acuerdo al análisis legal del abogado Alejandro Merino Huamán, el acuerdo tomado en mayoría simple por el Concejo Distrital de Pacasmayo para integrar a Pacasmayo al ámbito de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Sedalib S.A., no cumple con los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, que exigen aprobación mínima de los dos tercios del número legal de regidores.

Merino Huamán detalló que es el Artículo 66 de la LOM que textualmente señala, “APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL: La donación, cesión o concesión de bienes de las municipalidades se aprueba con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el concejo municipal”.

En el caso de Pacasmayo, que según el alcalde César Rodolfo Milla Manay, se aprobó con el voto de 4 regidores, Victoria Manuela Vásquez Brugos, María Julia Chafloque de Gavilán, Katherin Fernández Bazalar, y Fabricio Esqueche Herrera, el número legal de regidores es 7. Completan el concejo los regidores Raúl Yenque Mendoza, Augusto Miranda Leyva y Jenny Paz Guanilo.

Para esta votación se computa bajo el número de regidores y no considera al alcalde.

Precisa que la ley en este caso dice “regidores”, no dice “concejo”. Esto equivale a que se computa bajo el número de regidores y no considera al alcalde. En otros casos la ley señala “miembros del concejo” donde se incluye al alcalde y allí sí tiene la posibilidad de votar.

En ese sentido, añade Merino, el haber aprobado la integración de Pacasmayo a Sedalib con 4 votos de regidores, no cumple el requisito de la mayoría calificada, exigido por la LOM. Añadió que existe abundante jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones para los casos de cálculo de mayoría calificada en concejos municipales para decisiones que exigen ese requisito.

A un concejo municipal compuesto por siete regidores, para cumplir el requisito de los dos tercios, le corresponde el cálculo bajo un múltiplo de tres. El número a dividir para este caso sería 9, no siete, debido a que 8 no es divisible. Tampoco 6 debido a que es un número inferior al exigido para calificar.

Los dos tercios serían 6. Ese es el número de regidores que le correspondería al concejo municipal del distrito de Pacasmayo

Siendo el número a dividir el 9, los dos tercios serían 6. Ese es el número de regidores que le correspondería al concejo municipal del distrito de Pacasmayo, como mínimo para aprobar el acuerdo que se tomó la mañana del 27 de abril, con el que el alcalde César Milla Manay pretendía entregar el sistema de saneamiento a la empresa Sedalib S.A. para poder obtener el visto bueno del Ministerio de Vivienda para poder generar los estudios básicos de un expediente técnico de saneamiento.

Merino Huaman reiteró que existe jurisprudencia abundante respecto de este tipo de casos, para toma de decisiones en mayoría calificada. También dijo no extrañarle que los funcionarios del gobierno municipal de la gestión Milla Manay no hayan reparado en ese detalle elemental, dado que ya se ha evidenciado la calidad profesional en diferentes actos del gobierno local.

NO ES CIERTO QUE SOLO QUEDABA SEDALIB

"El día 20 de noviembre del 2020, mediante una reunión virtual, le ofrecí al alcalde una propuesta porque esta situación ya se veía venir".

Respecto de la manida excusa de que solo había esa opción, porque así lo decía la norma referida a los servicios de saneamiento en los distritos con población superior a los 15 mil habitantes, Merino Huamán dijo que no es cierto.

Recordó que en el año 2020, cuando ya se había difundido la norma del Ministerio de Vivienda que promovía que los concejos municipales integren sus sistemas de saneamiento a las EPS, bajo la presión de que no se les aprobaría proyectos si no lo hacían; propuso al alcalde César Milla Manay, optar por una salida que ya era utilizada por diferentes distritos en el país.

“La formalización no era necesariamente pasarse a Sedalib, como es en este caso. El día 20 de noviembre del 2020, mediante una reunión virtual, le ofrecí al alcalde una propuesta porque esta situación ya se veía venir. Le propuse formalizar la unidad de gestión de saneamiento aunque se tenga en la ciudad más de 15 mil habitantes, porque hay una exoneración a lugares donde se administra el saneamiento básico como Guadalupe, Pacasmayo y San Pedro de Lloc. ¿Se puede tener una unidad de gestión en una población con más de 15 mil habitantes? Sí. hay que hacer un expediente, recurrir a la SUNASS y se saca una resolución ministerial. Ya se ha hecho”, dijo Merino Huamán.

La segunda etapa de un proyecto para la provincia de Pacasmayo, sería formar una EPS con las 3 municipalidades, San Pedro de Lloc, Guadalupe y Pacasmayo. No hay necesidad de pasarse a Sedalib.

Efectivamente en el registro de prestadores de servicio de saneamiento reconocidos por OTASS, hay casos de municipalidades de más de 15 mil habitantes que están incorporadas al sistema.

Sin embargo, añadió Merino Huamán, “lo que pasa es que eso es temporal, no puede ser mayor a dos años. La segunda etapa de un proyecto para la provincia de Pacasmayo, sería formar una EPS con las 3 municipalidades, San Pedro de Lloc, Guadalupe y Pacasmayo. No hay necesidad de pasarse a Sedalib. Las 3 municipalidades pueden hacer una EPS. Sedalib, ahora tiene directores de la Región, así ni soñar que vamos a tener un asiento en el directorio. La experiencia dice que solo piensan en Trujillo, y la mejor muestra es ver cómo está Chepén. Está abandonado. Por eso, para que no se vayan nuestros recursos, la alternativa es que se forme una EPS de la provincia”, dijo el abogado municipalista.

Al recordarle la experiencia de Nordwasser, que fue la empresa formada por las tres municipalidades cuando dejaron Sedalib, Merino dijo: “Claro. Nordwasser fue una experiencia con capital mixto. Allí estaba el capital municipal con 49% y el capital privado con 51%, encima estos participantes privados no fueron tan honestos. En el caso de una EPS de la provincia sería netamente con capital municipal, con una participación en el accionariado proporcional de las 3 municipalidades, para que no maneje un privado. Pueden tener 3 directores, uno de cada municipalidad, y la gerencia rotativa: El objetivo que nuestro capital y nuestros activos no se vayan a Trujillo. Si se llegara a materializar esta integración a Sedalib, esa empresa seguramente botaría a la mitad de los trabajadores. Sino de dónde les va a pagar. Aceptará a 5, nada más”.

OJO VIVIENDA, ESTÁ ADVERTIDO

Merino Huamán señala que, además, si se intentara consumar la integración con ese acuerdo de concejo sin el número legal de regidores para su aprobación, sería tachado de plano por los Registros Públicos.

En cuanto al uso de un acuerdo de concejo que no guarda las formalidades implica responsabilidad del titular por el uso de un documento público sabiendo que por el defecto de origen, no tiene la capacidad legal para su aplicación efectiva.

Merino Huamán señala que, además, si se intentara consumar la integración con ese acuerdo de concejo sin el número legal de regidores para su aprobación, sería tachado de plano por los Registros Públicos.

En este caso, al ser Sedalib una empresa que va a tener un incremento de capital, va a tener que recurrir a los Registros Públicos y el registrador público va a tener que verificar la formalidad, si cumple con los requisitos. En este caso se trata de un capital municipal y requiere de un acuerdo de concejo. El registrador va a tener que observar que no se cumple el artículo 66 debido a que no se tiene el número legal de regidores para la aprobación. No se trata de que ya con este acuerdo viene Sedalib y abre su oficina. No. Tiene que haber formalidades y no es poco”, explicó.

Para el caso del requisito exigido por el Ministerio de Vivienda para aprobar los estudios, también opera una situación similar. Debiera existir un filtro que verifica el cumplimiento de esta norma, sin embargo está bajo la responsabilidad del evaluador, funcionario del Ministerio de Vivienda.

"Las opiniones de los técnicos (de la municipalidad) eran en un solo sentido, que sí o sí ir a Sedalib, lo que es completamente falso… hacer ese retroceso de volver a Sedalib, solo demuestra que no se ha tenido la capacidad”.

“Es responsabilidad del evaluador. Es el que dice pasa o no pasa, y normalmente está en Trujillo. Es el que va a tener que ver si cumple el requisito para que pase el proyecto”, indicó.

No dejó de considerar un escenario de un supuesto desconocimiento por parte del alcalde y los funcionarios. “Respecto de la realidad del tema de la administración del agua, si esto es porque realmente la intención es de que esto pase a Sedalib, independientemente del desconocimiento o el interés que pueda tener el alcalde, porque puede ser también desconocimiento porque las opiniones de los técnicos eran en un solo sentido, que sí o sí ir a Sedalib, lo que es completamente falso… hacer ese retroceso de volver a Sedalib, solo demuestra que no se ha tenido la capacidad”.

“El acuerdo no es ilegal, porque se aprobó. Con 4 votos se aprobó, pero esa votación de aprobación no le alcanza para tener la efectividad legal que exige la norma".

Agregó, “el acuerdo no es ilegal, porque se aprobó. Con 4 votos se aprobó, pero esa votación de aprobación no le alcanza para tener la efectividad legal que exige la norma. Simplemente es un acuerdo aprobatorio que no sirve. La ley es bien clara, se necesitan los 2 tercios para que sea una aprobación con el efecto ejecutivo buscado”.

Concluyó: “Esta situación se viene informando hace mucho tiempo, se ha expuesto públicamente la necesidad de actuar. Últimas Noticias lo ha advertido insistentemente. Ahora, si no se actúa con criterio, se puede generar una reacción social por las implicancias que trae. La Sunass no ha dicho nada más de 20 años, un año más no le va a hacer nada. Que se trabaje la conformación de una EPS, con buenos profesionales y técnicos que sí den resultado. No con una empresa de Trujillo, que va a venir, cobrar, se va, y no se preocupa de solucionar los problemas aquí”.