Luego de una semana de haber cerrado las vías de acceso al distrito, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo reabrió la entrada sur con el cargador frontal municipal.

Aunque no ha habido comunicación oficial aún, ha trascendido que la medida se tomó debido a que pendía sobre el alcalde César Milla Manay y la administración municipal el posible inicio de una demanda por el delito de Entorpecimiento al Funcionamiento de los servicios públicos, previsto en el Art. 283 del Código Penal. Este delito señala que “El que, sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones, de saneamiento, de electricidad, de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años."

El bloqueo de las vías de acceso en Pacasmayo, fue ejecutado por la municipalidad distrital, pese a que el control de tránsito y la seguridad pública, en el Estado de Emergencia, ha sido encargado a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

El gerente municipal Alex Coronel Inga ha declarado que el retiro del bloqueo se debe a que en reunión con el comando policial, se ha advertido la infracción y de persistir cabe una demanda. La MDP ha iniciado las coordinaciones para fortalecer el control que debe estar en manos de la Policía y el Ejército.

Desde la misma tarde del sábado, personal policial se ha apostado en los accesos a la ciudad antes bloqueados por material, y cautelan el cumplimiento de la inmovilización social con excepciones.

EN SAN PEDRO TAMBIÉN DESBLOQUEAN

En San Pedro de Lloc, también se tomó la misma medida. El bloqueo en el acceso sur fue liberado y se colocó control policial. La marcha atrás en el bloqueo fue informado por la MPP en un comunicado colocado en su cuenta de Facebook. Señalaba que el ingreso sería por la Av. Pacasmayo (Plazuela del Cacique), y la salida por la Av. Raimondi.

OJO CON COMPETENCIAS DE MUNICIPALIDADES

El cerrar las vías de ingreso y salida de una localidad es una medida popular, y que alientan los propios ciudadanos, pero no tiene respaldo legal, y por el contrario está penada, ya que infringe el derecho constitucional del libre tránsito.

Las demandas podrían ser iniciadas de oficio por el Ministerio Público, debido a que se trata de un hecho consumado por el inminente peligro al que se expone a la población en la eventualidad de una emergencia o desastre, además del derecho no restringido del tránsito.

Si bien es cierto el Estado de Emergencia suspende algunos derechos como el de libre tránsito, este no puede impedirse ni dificultarse, con tranqueras, desmontes, o materiales en carreteras, debido a la necesidad de traslado de vehículos autorizados y por emergencias que pudieran ocurrir.

La misma situación involucra a alcaldes de otros distritos de las provincias de Pacasmayo y Chepén, que han bloqueado los accesos a sus jurisdicciones.

Lo correcto sería coordinar un esfuerzo conjunto con la Policía y Fuerzas Armadas en el control de estas vías.