En un operativo realizado la noche del sábado, un equipo mixto de autoridades conformado por Gobierno Interior, Municipalidad y Policía Nacional del Perú, se pudo verificar que pese a las medidas emitidas por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria nacional decretada por la presencia del Coronavirus en nuestro país, aún se impone la inconsciencia de algunos ciudadanos y la ambición de otros respecto de las reuniones públicas masivas.

El operativo realizado en Pacasmayo es una muestra de esta preocupante situación que lo único que provoca es poner en riesgo a una minoría vulnerable entre la que pueden estar nuestros adultos mayores, niños o personas con enfermedades preexistentes, tal como lo han señalado una y otra vez los especialistas.

Para el sábado, el gobierno ya había recomendado mantenerse en casa y no asistir a lugares públicos.

A partir de las 10.30 de la noche del sábado, el subprefecto Carlos Vigo Castañeda, el fiscalizador municipal Roger Coronado Palomino, serenos y policía nacional recorrieron bares y centros nocturnos de diversión del distrito de Pacasmayo y aunque en su gran mayoría la afluencia fue menor e incluso se encontraron locales cerrados, se halló al menos dos puntos que desconociendo las medidas del Gobierno, mantenían actividad ignorando las disposiciones de seguridad sanitaria contra el Coronavirus.

En el operativo, la Policía Nacional realizó un control de identidad ante la posibilidad de encontrar a personas requeridas por la justicia. El personal municipal por su parte verificó las obligaciones administrativas de los locales, y en conjunto la atención al Decreto Supremo N° 008-2020-SA que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; y la Resolución Ministerial N° 297-2020-IN que suspende el otorgamiento de garantías inherentes al orden público para la realización de cualquier concentración pública que reúna a más de 300 personas, mientras se mantenga vigente la emergencia sanitaria declarada.

Esta condición ya cambió, y se endureció a partir de hoy, ya que el gobierno ha decretado estado de emergencia nacional.

En el sector de la vía de evitamiento de Pacasmayo, donde existen dos bares, solo se halló uno abierto aunque sin licencia de funcionamiento. El bar “La Fogata” atendía a algunas personas aunque en un número muy reducido. El establecimiento, que no tiene licencia de funcionamiento y ha sido clausurado en tres oportunidades, volvió a incurrir en la falta y fue clausurado de forma definitiva. Sin embargo resta ver si la medida administrativa es cumplida.

El establecimiento Paradise Sport Bar, ubicado en Barrio Zaña fue notificado por no presentar certificado de Defensa Civil al equipo fiscalizador. El conductor aseguró contar con el documento pero no pudo exhibirlo.

En el Sector Las Palmeras, donde ha sido frecuente que hasta cuatro bares funcionen algunos con licencia y otros de manera informal, estos no estaban operando.

Dos locales, pese a cumplir con la documentación municipal, no tuvieron la precaución de controlar el aforo, tal como lo prescriben las normas dictadas por el Gobierno por la emergencia sanitaria a nivel nacional. Uno fue La Factoría y el otro La Taberna.

Los conductores se justificaron aduciendo desconocimiento de las disposiciones gubernamentales. E incluso se trató de sustentar que el DU 008-2020-SA habla de reuniones de no más de 300 personas, y en estos negocios no habría más de 200.

Debe tenerse en cuenta que las medidas adoptadas a nivel nacional son para enfrentar una amenaza que va a afectar a todos.

En el caso del aforo de los locales, la Resolución Ministerial N° 297-2020-IN señala expresamente: “Durante la vigencia de la presente resolución ministerial, el aforo de los locales donde se realicen concentraciones de personas es igual a la mitad del aforo autorizado por la entidad competente, o de ser el caso del aforo solicitado por el administrado.”

Ahora todas las concentraciones han quedado prohibidas, precisamente porque se detectó que las medidas flexibles eran burladas.

Estas disposiciones y otras que podrían emitirse, son tomadas por el gobierno por considerar, “necesario dictar las medidas necesarias para evitar la concentración de personas que, en las presentes circunstancias, impliquen un riesgo a la salud pública, evitando la propagación del COVID-19”.

En los dos últimos casos, debido a la concentración de personas y la posible generación de incidentes, solo se tomó registro del hecho para hacer constar en l informe correspondiente. Los conductores fueron advertidos de las posibles consecuencias de los actos que infringen las normas decretadas en el marco de la emergencia sanitaria nacional declarada por 90 días.