El contralor general, Nelson Shack Yalta, anunció capacitación para regidores provinciales. Estará dirigida a los regidores de las 196 municipalidades provinciales del país y versará sobre el procedimiento que deberán seguir los gobiernos regionales y municipales para la reactivación de obras paralizadas a nivel nacional en el marco del Decreto de Urgencia N° 008-2019.

Hasta julio de 2018, la Contraloría identificó 867 obras paralizadas nacionales y regionales, con un monto de inversión aproximado de S/ 16,870 millones. La cifra podría aumentar a 6,000 si se consideran las que tienen los diversos municipios del país.

En la región La Libertad se tienen identificadas 26 obras inconclusas o suspendidas hasta el momento.

El propósito de la capacitación será fortalecer las capacidades fiscalizadoras de los regidores provinciales sobre los mencionados procedimientos de la administración pública, con la finalidad de que se sumen a la supervisión que realizará la Contraloría General a través del control concurrente y, con su participación, contribuyan a reactivar las obras paralizadas y se concrete la mejora de los servicios en beneficio de los ciudadanos.

El evento de capacitación se realizará a fines de noviembre, en la Escuela Nacional de Control (ENC) ubicada en Lima, donde también se abordará otros asuntos relacionados a la gestión pública.

Shack Yalta hizo el anuncio durante su primer día de supervisión a las provincias costeras de la región La Libertad. Ayer visitó las provincias de Chepén, Pacasmayo y Ascope, donde se reunió con los alcaldes provinciales, María del Carmen Cubas Cáceres, Víctor Raúl Cruzado Rivera y, Jhon Vargas, respectivamente, con la participación de los regidores de ambas comunas.

Respecto de la próxima absorción administrativa de los Órganos de Control Institucional (OCI) de las municipalidades por parte de la Contraloría comentó que esto conllevará el fortalecimiento de las capacidades operativas de los Órganos de Control Provinciales que contarán con profesionales especializados en la supervisión de obras públicas, contrataciones, adquisiciones de alimentos, entre otras áreas.

Conforme lo anunció el contralor, a partir de enero 2020, la labor de fiscalización de los distritos pasará a ser el rol de la Oficina de Control Provincial, con sede en las 196 municipalidades provinciales del país.

Asimismo, propuso a las comunas la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para desplegar la capacitación de la ENC, a fin de fortalecer las capacidades de funcionarios públicos, y para implementar el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses que permita prevenir casos de conflictos de interés y nepotismo.