Ante la próxima renovación de autoridades distritales y provinciales, la Defensoría del Pueblo recordó que las y los alcaldes salientes tienen la obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos de limpieza, gestión de residuos sólidos, seguridad ciudadana y serenazgo, así como de fiscalización y supervisión de construcciones hasta el final de sus mandatos, conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

Mediante nota informativa, la Defensoría precisó que las autoridades cuyo mandato está por culminar tienen el deber de implementar planes e instrumentos de gestión, además de presupuestos y recursos humanos, para asegurar la prestación efectiva de los citados servicios, así como de reportar a las autoridades electas sobre sus logros de gestión, lo pendiente y lo actual.

Otra obligación de los alcaldes que cesan en sus cargos es dirigir y ejecutar las acciones de transferencia de la administración local a las nuevas autoridades electas, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos por la Ley que regula la Transferencia de la Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 30204.

Los gobiernos salientes tienen hasta cinco días hábiles tras la proclamación de la autoridad electa para convocarla a la conformación e instalación de una comisión de transferencia. Culminado este proceso, se suscribe el acta de transferencia y, a más tardar en dos días hábiles, debe darse la instalación de la nueva autoridad.