Con todos los sentenciados en libertad, pesando sobre ellos orden de captura, el Ministerio Público está a la espera de que el Poder Judicial fije día y hora para la audiencia en la que se abordará la apelación al fallo del juez Iván Vojvodich Tocón, quien sentenció a pena privativa de libertad al notario Héctor de Lama Herrera y otros.

La audiencia podría darse en abril o mayo.

El 15 de enero 2018, el magistrado del Juzgado Penal Unipersonal de Pacasmayo emitió la sentencia ordenando pena privativa de libertad para un total de 9 implicados en un proceso fraudulento de prescripción adquisitiva de dominio seguido en la mencionada notaría y que agravió propiedad de la familia Velásquez-Cueva.

Una nota de prensa del Distrito Fiscal de La Libertad ha dado cuenta que en los próximos días se conocerá la fecha de la audiencia de apelación.

Recordando ese caso, debemos precisar que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo acusó al citado notario como presunto autor de los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y ocultamiento de documentos en agravio de la sucesión Velásquez Cueva, de Sunarp y el Ministerio de Justicia.

El juez Vojvodich Tocón al término del juicio lo sentenció a un total de 7 años 2 meses de cárcel, además de pagos por reparación civil.

Otros sentenciados con penas privativas de libertad son: Doris Arlita Rojas Tirado y Luis Jiménez Ramos, 4 años, como autores del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio de la sucesión Velásquez Cueva y Sunarp. También Gustavo Abraham Mora Rivasplata, Alan Francisco Farro Argomedo, Consuelo Elizabeth Vera Linares y Henry Alberto Sulen Chávez, con 4 años, como cómplices primarios del mismo delito.

Telmo Alberto Samán Solano y Deysi Verónica Ventura Merlo recibieron condena de 4 años y 6 meses de pena privativa de la libertad como cómplices primarios del mismo delito en agravio de la sucesión Velásquez Cueva, Municipalidad Distrital de Guadalupe y Sunarp.

Todos ellos deberán pagar, además, diversos montos por concepto de reparación civil.

Luego de conocer las sentencias, los procesados han apelado y se mantienen en la clandestinidad a la espera de lo que resuelva la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.