San Pedro de Lloc  |  

Transportistas Dan Ultimátum a Alcalde Aldea por Corrupción en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo

Protesta de transportistas en San Pedro de Lloc

Los transportistas agrupados en comités que cubren las rutas Pacasmayo - Chepén y San Pedro de Lloc - Pacasmayo realizaron un sonado plantón frente al edificio de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, en la Plaza de Armas de San Pedro de Lloc.

Unos 100 transportistas, llegaron a las 9.30 de la mañana reclamando reunirse con el alcalde provincial Roland Aldea Huamán para exigir se demuestre que hay intención de acabar con los actos de corrupción, que -aseguran- están  enquistados en el área de transportes de su gestión municipal.

Los transportistas apelaron a la sátira y resumieron en una línea el problema: "La MPP se cree diosito, hace los carros grandes chiquitos". ¿Qué significa esto? Según las normas vigentes, las empresas que tienen permiso de circulación lo hicieron inscribiendo una relación de vehículos con determinada característica. En el caso de las combis, estas solo podían renovar las unidades, siempre que estas fueran siniestradas o robadas. Es el procedimiento regular. Sin embargo qué ha ocurrido. Según la denuncia de los transportistas, se ha realizado renovaciones y emisión de tarjetas de circulación a vehículos de categoría diferente. Las empresas que tenían registradas combis, ahora tienen registrados autos y peor aún, son autos de característica prohibidas por el Reglamento Nacional de Tránsito para el servicio de transporte. Autos tipo Kia Picanto, con una cilindrada menor a los 800 cc y un peso inferior a una tonelada ahora aparecen registrados en las empresas de combi, transgrediendo toda norma. ¿Cómo ocurrió esto? Los transportistas lo denuncian sin pelos en la lengua: "Aquí hay corrupción".

kiapicanto.jpg?mtime=20171114213446#asset:73610Vehículos que no cumplen exigencias técnicas en servicio


Los hombres del volante, ya habían realizado movilizaciones en las semanas precedentes. Ayer la paciencia se les acabó pues el 12 de octubre, se reunieron con el alcalde provincial Roland Aldea Huamán y luego de acordar que la MPP iniciaría acciones para revisar, anular  o revocar los cuestionados permisos, hasta ayer no se mostraba ninguna acción concreta para desarticular la sombría maquinaria, al extremo de ser testigos de la emisión de más tarjetas de circulación irregulares.

En la reunión del 12 de octubre, el alcalde pidió la revisión de las tarjetas de circulación irregulares sea solicitada por los transportistas de manera formal a través de mesa de partes. Los transportistas lo hicieron el 23 de octubre, adjuntando placas y nombres de las empresas favorecidas irregularmente, sin embargo desde ese día no se ha realizado ninguna acción que pueda considerarse como una reacción de la MPP para erradicar esas malas prácticas.

Los reclamos, sobradamente sustentados y sin aparente respuesta de la autoridad provocaron que ayer la olla de presión estalle y los transportistas se vuelquen a las calles a reclamar.

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Al conocer que el alcalde provincial no se encontraba en oficinas municipales, los transportistas decidieron permanecer en la plaza hasta que se les muestre una resolución en la que se dispone el inicio de las investigaciones. Luego lograron ingresar al local municipal, tras sortear la resistencia de dos miembros de serenazgo que pretendieron impedir el ingreso de los hombres del volante al edificio que ocupa la MPP.

El nutrido grupo de transportistas subió hasta el tercer piso exigiendo la presencia del alcalde. Luego de breves instantes en las afueras del despacho de secretaría general, retornaron al frontis de la municipalidad para evaluar las acciones que tomarían.

En tanto esperaban, llegó al edificio la subprefecta provincial Consuelo Chilón Alvites acompañada del comisario de la ciudad Cmdte. José Echandía Escarza. La autoridad política invitó a los quejosos a una reunión con los funcionarios municipales y los representantes de los transportistas. Esta se realizó en la antesala de la alcaldía.

La subprefecta explicó que llegaba para intentar interceder en la resolución del diferendo y con la finalidad de garantizar el diálogo. Por la Municipalidad Provincial de Pacasmayo estuvieron presentes el asesor legal externo Miguel Gómez Mejía, la asesora legal Blanca Montenegro Hernández y el gerente municipal (e) Daniel Pérez Tavera. No se presentó el funcionario jefe de la Unidad de Tránsito y Transporte de la MPP, y cuestionado reiteradamente, Hans Alvarado Moncada.

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Los transportistas explicaron a la autoridad política y al jefe policial el motivo de sus reclamos. Detallaron los presuntos actos de corrupción, de los cuales la subprefecta parecía no tener conocimiento. Las quejas incluyeron la participación de la Policía Nacional en el ámbito de la jurisdicción de la provincia de Pacasmayo. Los transportistas no dudaron en señalar que existen vehículos involucrados en las irregularidades que son propiedad de policías y funcionarios municipales. Recordaron que en reuniones con el anterior jefe de la División Policial tuvieron que soportar que les dijera: " (los piratas) también tienen derecho a trabajar". Esto, dijeron, los ha llevado a preparar una queja que elevarán a nivel de Región Policial.

Por su parte los funcionarios municipales aseguraron que si bien es cierto la denuncia se formuló el 23 de octubre, ya se había tenido un informe preliminar del área de Transportes pero que este debía ser revisado y corregido por asesoría legal debido a que no guardaba las especificidades de los casos denunciados. El tratamiento se habría hecho de manera global, cuando debía hacerse caso por caso según las empresas involucradas. Son cinco empresas, según el informe preliminar, y estas debían procesarse por casos de nulidad o revocatoria de permisos.

Los transportistas dudaron de los funcionarios municipales y, presumiendo que no había ninguna intención de resolver el problema, exigieron se emitan las resoluciones de inicio de procedimiento de nulidades o revocaciones.

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El punto máximo de controversia se vivió cuando los funcionarios municipales aseguraban que el alcalde sí tenía disposición a acabar con esos actos de corrupción; pero los transportistas replicaron que entonces cómo era posible que hace 5 días se haya emitido una nueva tarjeta de circulación bajo las irregularidades ya denunciadas hace varios meses. Los funcionarios no pudieron rebatir la queja. 

El asesor legal Miguel Gómez Mejía cuestionó que eso haya ocurrido cuando en la reunión del 12 de octubre, la MPP se había comprometido a suspender todo trámite pendiente que otorgue permisos a las empresas que habrían incurrido en las irregularidades.

Ante la imposibilidad de emitirse alguna resolución municipal, por no tenerse aún los informes de la oficina de Transportes, los funcionarios pidieron una última oportunidad a los transportistas y se comprometieron a emitir las primeras resoluciones para el día viernes 17.

Los representantes de los transportistas aceptaron el último plazo, en atención a la presencia y participación de la subprefecta Chilón y del comisario Echandía Escarza. A ambos se les invocó comprensión por la forma cómo habían reclamado, explicando que la situación no da para más. Tanto el comisario como la subprefecta atendieron el pedido. La subprefecta sugirió a los funcionarios municipales tomar acciones ante los presuntos actos de corrupción que se habían expuesto a fin de salvaguardar los derechos de los reclamantes.

El asesor legal de los transportistas Juan Julio Mori Vera, al inicio de la protesta había adelantado que se denunciaría penalmente al alcalde Roland Aldea Huamán y a los funcionarios que resulten responsables por omisión o rehusamiento de actos funcionales por los presuntos actos de corrupción detallados.

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