No solo ha sido incapaz de resolver el foco infeccioso que se ha asentado en la vía de evitamiento de Pacasmayo, el gobierno municipal de Pacasmayo está promoviendo que el lugar se convierta casi en un botadero. En reiteradas ocasiones ciudadanos y ciudadanas de este distrito, así como visitantes han reclamado la erradicación de la gigantesca letrina, sin embargo el trabajo desplegado por la Municipalidad ha sido orientado a esparcir los desechos pero no a eliminarlos.

Esta semana, nuevamente las basuras inundaron ambos lados de la cinta asfáltica. El transitar por esa vía se ha convertido en un nauseabundo momento. Si bien es cierto, la ciudadanía tiene parte de responsabilidad al llegar y arrojar basuras, también la hay, y muy grande, de parte de las autoridades municipales que debe sancionar a quienes provocan estos espacios insalubres. Mototaxis, motos cargueras, camionetas e incluso volquetes llegan con desperdicios pestilentes y desmontes.

Ha llamado poderosamente la atención que el sardinel que fue retirado del contorno de la cancha del estadio municipal haya terminado en este lugar. Ese trabajo, que ha sido realizado por el IPD en la infraestructura del Estadio Municipal, no ha tenido seguimiento y he permitido la irresponsable disposición de esos desechos de construcción en un espacio que se está consolidando como relleno informal.

La resolución de estos problemas implican un estrecho trabajo de las municipalidades con otros órganos del Estado como el Ministerio Público. Un claro ejemplo de ello ocurrió hace poco en la ciudad de Chiclayo. Se informó a la población que podrían ser castigados hasta con seis años de cárcel los ciudadanos que sean intervenidos por la policía arrojando basura en las calles de la ciudad. El anuncio lo hizo Ana Tiravanti Martínez, titular de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito. La ley es para todos a nivel nacional y el Art. 304 del Código Penal, especifica penas entre 3 y 6 años por el delito de Contaminación Ambiental a los malos vecinos que irresponsablemente arrojen desperdicios y desmontes en espacios públicos.

Junto a estas advertencias, las municipalidades tienen en sus manos las regulaciones locales a través de ordenanzas que pueden combatir estos actos contra el ornato y el medio ambiente.