Las entidades públicas tienen la responsabilidad de fiscalizar todos los documentos, declaraciones y traducciones que presenten los postores adjudicados con la Buena Pro en los distintos procedimientos de selección.  Así lo precisó mediante Opinión N° 025-2017 la Dirección Técnico Normativa – DTN del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, el 31 de enero de 2017. 

Así se busca disuadir que los postores presenten documentación falsa e información inexacta en los procedimientos de selección, precisa el Osce, mediante nota informativa.

La opinión se basa en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y establece que la fiscalización debe realizarse de manera directa por la propia entidad pública, sin que para ello sea necesario recurrir al sistema de muestreo establecido por el artículo 32 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.