Para el 23 de febrero a las once de la mañana en la sala del Colegiado 2 de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con sede en Trujillo, fue postergada la audiencia del juicio oral contra cinco imputados, por la presunta compra sobrevalorada de un terreno, en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Chepén.

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El juez del 8° Juzgado Penal Unipersonal, sede Covicorti,  Santos Teófilo Cruz Ponce, dispuso fijar nueva fecha debido a que no se presentó el defensor de Segundo Marcial Portilla Vilca, abogado Luis Fernando Aliaga Gamarra.

El juez resolvió excluir definitivamente del proceso a Aliaga Gamarra por no haber asistido al juicio y no haber justificado su inasistencia; y lo sancionó con multa de 2 Unidades de Referencia Procesal.

Además el juez notificó en el mismo acto a los acusados para su concurrencia obligatoria, en la fecha indicada, bajo apercibimiento de ser declarados reos contumaces. La notificación se extendió a los abogados, bajo advertencia; de no presentarse serán excluidos del juicio y multados.

El juicio involucra al exalcalde Ofronio Wilfredo Quesquén Terrones, el ex funcionario municipal Jaime Carlos Guanilo Díaz, la vendedora del terreno Luisa Augusta Ríos Rodríguez, el funcionario municipal Segundo Marcial Portilla Vilca, y quien hizo el peritaje del terreno Michel Frank Balarezo Bazán. Todos concurrieron ante el juez Cruz Ponce, ayer.

Los cargos que el Ministerio Público les imputa son colusión y falsedad genérica, en el proceso que se sigue con el expediente número 6692-2015.

Los hechos están relacionados con la compra de un terreno que sería destinado al terminal terrestre de Chepén. La Municipalidad Provincial de Chepén pagó alrededor de un millón de soles por el terreno, precio que la fiscalía considera fue sobrevalorado, en perjuicio del Estado.

DATO

En noviembre del año 2014, en el Juzgado Penal Unipersonal de Ascope, concluyó un primer juicio por este caso, encontrándose responsabilidad en los imputados. En aquella fecha se recuerda que para los procesados Quesquén y Ríos se dictó prisión efectiva. Sin embargo, en junio 2015, la II Sala Penal de Apelaciones anuló ese juicio y se dispuso el inicio de uno nuevo. 

Desde entonces se espera el inicio del nuevo juicio.

DETALLES

A las 9.05 minutos en la sala del 8° Juzgado Penal Unipersonal, el juez Cruz Ponce dio inicio a la audiencia programada desde noviembre 2016. El lugar es una sala pequeña ubicada en el segundo piso de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

El fiscal Juan Carlos David Rodríguez Muñoz, adjunto provincial especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, precisó en su presentación que el fiscal del caso es su colega Víctor Bazán Alagón. A su lado, se ubicó el representante de la Procuraduría Pública de la región La Libertad.

En el otro extremo se sentaron en primera fila los abogados Manuel Montoya Hernández (por Ríos Rodríguez),  Richard Espino Goicochea (por Balarezo Bazán) y Paco Burgos Vejarano (por Quesquén y Guanilo).

Detrás, en segunda fila, se sentaron Balarezo, Guanilo y Quesquén, y en tercera fila, Portilla y Ríos.

Al iniciar el acto, el juez recordó que el caso procede del Juzgado de Ascope, que ya había dictado sentencia (en el año 2014), pero el juicio se declaró nulo. 

Comentó que por el azar y jurisdicción, le corresponde llevar el juicio oral.

Al verificarse que el abogado Aliaga Gamarra había sido debidamente notificado, el fiscal Rodríguez Muñoz solicitó se ejecute el apercibimiento considerado por el juez al momento de citar para el inicio del juicio en su resolución 47. No hubo oposición de las partes.

El juez Cruz Ponce recalcó la situación de los otros involucrados en este caso, lo que está contenido en su resolución 47: Que el ex jefe de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chepén, Rogger Castañeda Risco, se acogió a la conclusión anticipada; que se retiró acusación contra el notario César Isaac Torres González y que la apelación de Higinio Morales Valencia se declaró inadmisible (y ha quedado sentenciado a 4 años de prisión suspendida).  El juez preguntó a las partes si había observaciones al respecto porque "se mantendrán los términos". No hubo observaciones de las partes.

Al momento de fijar la nueva fecha para el inicio del juicio, el juez recomendó a la asistente judicial que reserve una sala más amplia, la del Colegiado 2 en la misma sede judicial de la urbanización Natasha Alta, además que reserve por dos horas; y que fije continuidad del proceso cada jueves a partir del 23 de febrero.

El imputado Portilla Vilca tiene 24 horas para acreditar abogado defensor particular; de lo contrario un abogado de Defensoría Pública asumirá su representación.