El defensor público Marino Díaz Rimarachín, encargado de la defensa técnica de los imputados Raúl Alejandro Romero Huingo y Erick Jofree Terrones Namoc (27), rechazó la teoría fiscal. Dijo que los hechos no se dieron como los presentó la Fiscalía.

Negó que sus patrocinados hubiesen planificado el robo. Alegó que se dirigían a la playa de Boca del Río a bañarse y que al pasar por el predio Dos Cabezas que está al descubierto ingresaron a recoger rastrojos, porque ya el dueño había cosechado.

También negó la agresión y dijo que posiblemente las lesiones se las causó la propia agraviada al ir a perseguir a quienes ingresaron a la chacra. Cuestionó la calificación fiscal de robo agravado, reconociendo que lo que se dio fue hurto agravado. En cuanto a la incriminación de lesiones graves, manifestó, no se puede sindicar a todos, la agraviada no ha reconocido quién fue el autor. Pero remarcó que ella se autolesionó por perseguir a los denunciados. "No se puede culpar a todos de haberla agredido", alegó.

Se opuso al pedido de prisión preventiva.

El juez

El juez Pérez León, luego del receso para estudiar la carpeta fiscal, se pronunció por declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público. Su decisión no fue apelada.

El magistrado se refirió a las dos tesis expuestas, y sacó sus propias conclusiones. Dedujo de las propias declaraciones de los imputados así como de los menores infractores, se pusieron de acuerdo para ir a sustraer rastrojos y por eso llevaron, incluso, un saco grande para recoger cebolla.

Hubo un concierto de voluntades para ir a sustraer cebolla, a Jequetepeque, y ellos mismos lo reconocen en sus declaraciones, y se pone de manifiesto en los hechos, dijo. En cuanto a la tesis de la defensa de que la agraviada se autolesionó puso en duda la versión, indicando que el certificado médico legal confirma que hubo agresión, lo que se demuestra por las contusiones múltiples en el cuerpo.

Estimó que se daban los presupuestos para encuadrar los hechos como delito de robo agravado y teniendo en cuenta el de lesiones graves se aplicaría la parte última del artículo 189 por lo que la prognosis de la pena podría ser de cadena perpetua, y no 20 años como había indicado el Ministerio Público.

Los imputados ya no tuvieron manifestaciones sentimentales como sí las hubo cuando el juez les preguntó si tenían algo que agregar, a lo alegado por su abogado. 

“Burro” soltó en llanto suplicando se le diese otra oportunidad. Lo propio hizo “Sapo” aunque con menos dramatismo.

El juez ordenó que ambos imputados fuesen internados en el penal El Milagro, por 9 meses, tras lo cual enfrentarán juicio. 

Como la defensa de los investigados no apeló,  se dio por aceptada la resolución del juez.