A más de dos meses de firmado, el acuerdo sigue solo en papel. Nos referimos a la firma del convenio entre el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (Pejeza) y la Junta de Usuarios Jequetepeque para que esta última asuma la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor del sistema de irrigación del valle. La firma se hizo con fecha retroactiva, con validez desde agosto 2015.

La tozudez de los responsables de Opema, la inoperancia de Pejeza para hacer efectivo el convenio y la displicencia de los dirigentes de la Junta de Usuarios facilitan que el convenio siga sin cumplirse, con los riesgos que existen de presentarse el Fenómeno El Niño (FEN) extraordinario.

Agricultores están pendientes de saber si se ha hecho efectiva la transferencia de Opema a Pejeza y de éste a la Junta. La respuesta es no.

Los presidentes de algunas comisiones de regantes alegan que la Junta debe resolver, primero, el tema de los trabajadores de Opema. Sin embargo, la liquidación de los trabajadores de Opema, al cerrarse esta entidad, es responsabilidad de Opema. La Junta, por ahora, no tiene ninguna obligación contractual con los trabajadores de Opema.

El problema radica en que los presidentes de las comisiones mantienen sus propios intereses (recuérdese que recibieron cada uno, a título personal, 5 mil soles de manos de Opema) que no necesariamente coinciden con los de los agricultores. Son los representantes de las comisiones los que conforman, con otros, la asamblea de la Junta de Usuarios e integran la directiva. Y son los representantes de estas mismas comisones los que conforman el directorio de Opema Jequetepeque, la organización que debe ser disuelta; y que debe entregar la operación de la infraestructura mayor de riego.

En este carrusel es que la Junta y Pejeza se han dejado envolver por los directivos de Opema y éstos siguen imponiéndose y manteniéndose en la operación y mantenimiento pese a que ya no existe convenio alguno vigente a favor de esa asociación.

Algunos agricultores han sugerido que esta demora llevará a que Pejeza asuma plenamente la operación y mantenimiento. El Gobierno puede disponerlo mediante un decreto invocando la necesidad de dar seguridad a la Presa Gallito Ciego ante el próximo fenómeno El Niño.

Si ello ocurre, de nada habría valido las gestiones para que la operación y mantenimiento siga, con las nuevas normas, siempre en poder de los regantes, representados por la Junta.

Guerra avisada no mata gente, dijo un viejo hombre de campo guadalupano que cree que dos meses son más que suficientes para que el Gobierno disponga que el manejo de la presa debe ser asumido directamente por Pejeza.

¿Quién o quiénes resultarían responsables de esa posibilidad? Los dirigentes de la Junta de usuarios parece están conformes con lo que viene ocurriendo. Y el Minagri –vía Pejeza- da la impresión que está arrinconado por Opema que opera en el propio Campamento Gallito Ciego, es decir una especie de arrendatario, en terreno de propiedad de Pejeza. En pocas palabras es como si el inquilino precario estuviese ganándole la batalla al propietario.