Nolberto Ospino, uno de los pobladores desalojados dijo que nadie le vendió el lote; que no pagó por el lote y que lo necesita porque tiene esposa y 3 hijos y carece de vivienda.

Indicó que a la Asociación le pagan una cuota para cubrir los gastos del juicio y los honorarios del abogado al cual le cancelan 5 mil soles mensuales. Añadió que sabían que iba a haber desalojo, pero que los abogados les dijeron lo contrario y estaban confiados en esa palabra.

En su caso dijo haber invertido alrededor de 15 mil soles para construir una vivienda digna, otros invirtieron 10 mil o 5 mil soles, de acuerdo a los materiales empleados refirió.

Rostros marcados

Juan Manuel Pajares Gaspar (75) es un anciano que de la noche a la mañana llegó hasta Las Casuarinas. Los moradores lo conocían por el apelativo de “Chumpi”.

Por uno de los caminos de la invasión, este septuagenario, con un cansino andar, como si el costalillo que cargaba sobre sus espaldas pesase sobremanera, abandonaba el lugar. Llevaba las pocas prendas de vestir que tiene y que son todos sus bienes. Se apoyaba en su bastón tratando quizá de aligerar el paso con unas ojotas tan cansadas como su dueño.

Dijo a nuestro Diario que no sabía dónde se dirigía. Lo único cierto era que estaba decidido a buscar un nuevo sitio. Afirmó no tener familia alguna en Guadalupe donde acudir porque su familia está en Chile. Don Juan Manuel, o “Chumpi” es uno de los rostros humanos de la tragedia.

Madres y ancianas

Otro rostro, sin importar nombre, es el de una anciana madre de familia que con la mirada perdida en el horizonte se preguntaba dónde pasarían la noche. Ella estaba sentada cerca de su hija cuidando los muebles que retiraron a tiempo.

La defensa

El abogado de la Asociación de moradores "Las Casuarinas", Daniel Espino Goicochea, explicó que había un proceso penal contra Norma Abanto Zamora, Jhonatan Rodríguez Delgado, Ermitano Figueroa y José Castellanos Montenegro.

Indicó que es cierto que existe una orden de desalojo, pero que el caso está en juicio oral para discutir el fondo del asunto y ver si se le entrega o no la posesión a la parte agraviada que sería la Beneficencia Pública.

Señaló que hay familias que están poseyendo de manera pacífica, continua y pública y por tanto no se podía ejecutar el desalojo que era una medida provisional. Ya estamos en juicio oral y por tanto esta medida provisional ya perdió su finalidad y no corresponde ejecutar, objetó.

Denunció que se cometieron arbitrariedades porque estando en juicio se ordenó el desalojo; y que la Beneficencia había contratado gente de mal vivir, entre otros.