Catorce meses después no se logra concretar la audiencia de control acusatorio en una investigación por corrupción que involucra al gobierno del exalcalde Wilfredo Quesquén Terrones. El fiscal anticorrupción Regis Oliver Chávez Sánchez comentó que “el sistema procesal penal actual responde muy bien a los delitos leves y a los delitos menos graves pero no responde acertadamente frente a delitos como los de corrupción o de crimen organizado”.

El fiscal habló con la prensa el miércoles 28, al final de la frustrada audiencia por la "compra" de 1,058 bolsas de cemento por cuyo caso se tiene abierta investigación por colusión agravada, en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Chepén.

El representante del Ministerio Público dijo:

“No encuentro una justificación por qué la audiencia se tiene que reprogramar en tantas ocasiones. Aun cuando hablamos de una pluralidad de acusados, no es tanta la cantidad de acusados como para justificar que durante 14 meses una audiencia no se pueda realizar”.

Fijada la próxima fecha de audiencia para el 6 de enero 2016 y conociendo de lo ocurrido en las sesiones anteriores, saltaron las dudas si se cumplirá el cometido. El fiscal compartió esa duda aunque no dejó de tener esperanzas.

“Esperemos optimistamente que la audiencia se pueda realizar el 6 de enero porque no nos sorprendería que ese día se alegue alguna otra justificación y se vuelva a retrasar la audiencia 2 o 3 meses más”.

También compartió la opinión de que se trata de maniobras dilatorias de algunos abogados de la defensa técnica.

“Me atrevo a decir que sí (hay maniobras dilatorias), porque el documento que ha presentado el abogado que ha inasistido a la audiencia de hoy viene acompañado de una cédula de notificación que lo cita a una audiencia de juicio. Sin embargo, esa cédula de notificación no evidencia una fecha de recepción. Esa citación, por la fecha de la audiencia última el primero de octubre, ha tenido que ser recepcionada por el abogado mucho antes, y es por decir lo menos sintomático que el día de hoy presente un escrito suponiéndose que él ha tenido conocimiento con anticipación. Eso evidencia un propósito de dilatar la audiencia.

La señora juez se mueve dentro de los márgenes que le permite la ley y el Código Procesal Penal. Este reitero, una vez más, brinda una respuesta muy satisfactoria, muy rápida, muy eficiente, a los delitos leves o a los delitos simples. Pero, a los delitos graves como los de corrupción, no brinda una respuesta eficaz. Y esa no es culpa de la magistrada del Poder Judicial sino del diseño mismo de la ley”.

El pedido de la Fiscalía es que el abogado (Cienfuegos Farfán) sea excluido, que se tenga por no justificada su inasistencia porque no ha adjuntado a su pedido para justificar su inasistencia, un documento apropiado.

Los comentarios finales del fiscal fueron:

“Confío que se instale el 6 de enero (la audiencia acusatoria) Pero, repito, por la experiencia vivida el día de hoy es plausible que pueda armarse algunas estrategias para esa fecha y se frustre.

Existe una lectura muy benigna, muy permisible con el derecho de la defensa. Se cree mal que el derecho de la defensa es un derecho sacrosanto, absoluto, sin límites. Se tiene esa idea muy equivocada, lamentablemente, eso está arraigado en todo el país. Se cree que el derecho a la defensa no puede ser tocado en lo más mínimo porque se estaría afectando el proceso”.

Fiscal pedirá prisión preventiva

Se solicitará mandato de prisión preventiva solo contra 5 y no contra todos los imputados, en la medida que algunos han tenido intervención más grave en los hechos.