Los alcaldes de las provincias de Pacasmayo y Chepén suscribieron un Pronunciamiento a favor de su colega Roland Rubén Aldea Huamán contra la solicitud de vacancia presentada por Freddy Ventura Carlos. Estiman que dicho pedido “tiene el objetivo de generar inestabilidad e ingobernabilidad de la entidad edil, basada en criterios subjetivos que anteponen el interés personal al colectivo, forma de accionar que es rechazada por los suscritos”.

Los burgomaestres consideran que la solicitud es “infundada (…) en virtud que la misma carece de sustento legal y no concurre la causal de vacancia invocada ya que no ha existido contratación alguna entre el Alcalde provincial y la Municipalidad que representa, que genere perjuicio económico a la entidad provincial”.

Ultimas Noticias Diario tuvo conocimiento que la cita se realizó en San Pedro de Lloc, el jueves 10, a nivel de alcaldes de la provincia de Pacasmayo, a iniciativa de su colega de Pacasmayo, Aldo Navarro S. Sin embargo hubo contacto con los alcaldes de la provincia de Chepén quienes se sumaron al Pronunciamiento pero expresaron también malestar por algunos casos que se dan en esa provincia.

Además, los burgomaestres han expresado su preocupación por una serie de hechos que está enfrentando y que dificultan su accionar. En el caso de Pacanga, el titular de ese gobierno Telésforo Medina Ortiz habría revelado ser víctima de amenazas y chantajes por parte de exfuncionarios y se estaría, también, buscando motivos para pedir su desaforo.

Los alcaldes habrían manifestado que entienden el derecho ciudadano a la crítica y a pedidos de esa naturaleza pero reclamaron se hagan siempre y cuando existan sustento lo que, consideran, no se da en los casos que están soportando.

El viernes 11, los alcaldes de la provincia de Chepén fueron convocados a reunión que se celebró en la Municipalidad de Guadalupe donde suscribieron el documento que se publicó en nuestra edición de ayer.

El tercer punto del Pronunciamiento formula una invocación a la colectividad para “(…) no dejarse sorprender con este tipo de conductas, que si bien son permitidas en un orden democrático, son mal utilizadas por personas que alegando un supuesto ejercicio legítimo de un derecho, son manipulados por intereses ocultos que no encuentran espacio en las gestiones municipales para continuar obteniendo provecho personal y ven en este tipo de solicitudes un mecanismo idóneo para coactar y coaccionar a las autoridades a fin de conseguir prebendas en beneficio propio”.