CHEPEN, (ULTIMAS NOTICIAS DIARIO). Pese a los argumentos de los defensores de José Luis Romero Mendoza y de Billy Joel Abanto Cahuaza de que sus patrocinados estaban dispuestos a someterse a la investigación y estaban acudiendo a las citaciones hechas por el Ministerio Público, no prosperó el pedido para que se dicte una medida menos severa que la prisión preventiva por 18 meses.

El juez de Investigación Preparatoria, Rosendo Pompeyo Vía Castillo estimó que su presencia en los interrogatorios se trataría de una estrategia en la etapa de investigación preliminar para aparentar su sometimiento a la justicia.

El abogado Francis Zamora dijo que su defendido (Billy Abanto) había asistido el lunes 8 a la citación que le hizo la Fiscalía, en Trujillo, y había rendido declaraciones. Estaba dispuesto a acudir a la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, pero no había podido porque sufrió un accidente de tránsito y la exposición de las heridas le habían causado una complicación. Para acreditar dicha afirmación presentó certificado y recetas médicas.

La audiencia de prisión preventiva se celebró el martes 9 de junio. Además de Abanto Cahuaza y Romero Mendoza; se dictó prisión preventiva por 18 meses contra Juan Carlos García Salazar, Nilver Fernández Zuloeta y Cristian Alvaro Verástegui Marchena. Dado que ninguno se presentó, se dictó orden de captura.

El abogado Zamora en todo momento rechazó la teoría fiscal de que su patrocinado estaba directamente vinculado a la organización Dragones Rojos. Consideró que era un prejuicio social relacionarlo por el solo hecho de ser cuñado de Pedro Pablo Pairazamán Alcántara, uno de los líderes de la organización criminal. Reconoció que en efecto sí hubo esa relación de familiaridad pero estaba rota porque Abanto, si bien tiene hijos en una hermana de “Paira”, ya no vive con ella y tiene otro compromiso. Buscó desacreditar la declaración de los testigos con código de reserva alegando que eran imprecisos y sus incriminaciones no podían ser comprobadas.

Para demostrar arraigo domiciliario y laboral, el abogado de Abanto presentó certificados de trabajo, partidas de nacimiento de sus hijos, certificados de estudios. El juzgador dijo que si bien acreditaba las relaciones invocadas, no corroboraba con otros elementos que creasen convicción respecto de su trabajo, es decir aludía a la presentación de copias de planillas, boletas de pago, etc.

Zamora hizo una fuerte defensa tratando de traer por los suelos la teoría fiscal buscando negar solidez a documentos hallados en la incautación domiciliaria y en las escuchas telefónicas. Pero, el juez sopesó los argumentos de ambas partes y al amparo de los informes policiales, indicios y escuchas telefónicas consideró que se justificaba la privación de libertad por 18 meses.

Imputados no se presentaron a la audiencia del martes 9 y ahora son prófugos.

Defendió férreamente el cargo sindical de Abanto aludiendo a que a través de él cumplía una función social negando que hubiese tenido que ver algo con el homicidio de dirigentes del Sindicato de trabajadores de construcción civil de San Pedro de Lloc. Mencionó que su patrocinado había trabajado en la obra de la autopista del Sol y para el Consorcio Unión (contratista de las obras del colegio Rázuri) en trabajos de carpintería.

Defensa de Romero

En cuanto al letrado Víctor Marchena quien aboga por José Luis Romero Mendoza sostuvo que no hay ninguna escucha telefónica u otro indicio fuerte que vincule a su patrocinado con la organización criminal. Sostuvo que lo único que existe es la versión de los testigos con identidad reservada, las cuales puso en duda alegando que se daba una coincidencia que le parecía imposible de que ambos tuviesen una declaración con las mismas palabras. Cuestionó el informe respecto de las características de su vivienda, que no coincidían en nada con lo consignado en los informes.

Otras defensas

En cuanto a la defensa de Juan Carlos García Salazar, Nilver Fernández Zuloeta y Cristian Alvaro Verástegui Marchena, la defensora pública Sindy Teresa Haro Avalos si bien negó los cargos imputados, indicó que sus patrocinados no se habían acercado a las oficinas de Defensoría Pública para coordinar la defensa. Como en la audiencia anterior, sus intervenciones fueron las más breves.

Los fiscales Santos Cruz Ponce, Sofía López Vílchez y Jeans Velazco Hidalgo expusieron sus teorías ampliamente dentro de los plazos fijados por el juez.

Detalles

El juez resolvió que la citación para Fanny Gutiérrez Dávila, quien debe acudir a la audiencia del próximo 7 de julio debe hacerse mediante edictos, al no tenerse precisión de su domicilio real, pues cuando se fueron a notificarla, a Jaén, no se ha dado con la dirección consignada.

La defensora pública Haro Avalos pretendió compartir la defensa con una de sus colegas de la Defensoría de esta ciudad. El juez corrió traslado a los fiscales, quienes observaron que a la hora de la acreditación solo ella se apersonó y no mencionó a su colega. Su pedido fue rechazado.

Familiares de algunos de los procesados asistieron a la audiencia que se prolongó por casi 5 horas. Se inició a las 12.16 del martes 9. A las 3.06 de la tarde se concluyó con la etapa de argumentación; el juez Vía Castillo decretó un receso y se reanudó a las 3.55 la misma que se prolongó hasta las 5 de la tarde.

El 7 de julio se realizará nueva audiencia por el pedido de prisión preventiva contra

• Edwin Brian Vílchez Rojas,
• Kelly Malca Cotrina,
• Fanny Ruth Dávila Gutiérrez,
• Anthony Alejandro Cubas Chávarry
• Mayra Gabriela Arica Silva.