CHEPEN, (ULTIMAS NOTICIAS DIARIO). Los dirigentes de la Comunidad Campesina de Chepén (CCCh) están tratando de impedir se haga efectiva una orden de desalojo que pesa sobre las 800 familias asentadas en el sector El Algarrobal de Moro. Con ese fin han planteado acciones judiciales impugnando la venta irregular de un predio que la Cooperativa Agraria de Trabajadores Talambo Ltda. 31 hizo a favor de la familia Aita Gervasi; y esta, posteriormente, a un tercero.

Esta es una batalla legal que lleva varios años.

En el 2010, siendo presidente de la CCCh, Antonio Martínez Sernaqué, quien posteriormente fue asesinado, se interpuso demanda de nulidad de acto jurídico y otras pretensiones acumuladas, designándose como abogado patrocinador al doctor Juan José Estrada Díaz, quien tiene su estudio en la ciudad de Trujillo. La defensa es apoyada en esta provincia por el abogado José Acosta Tello quien explicó el conflicto a Ultimas Noticias Diario.

Amenaza de desalojo

Refirió que el desalojo está proyectado en la zona de San José de Moro, El Algarrobal donde hay un área de 325.49 hectáreas que la CAT Talambo 31, de manera irregular inscribió a su favor, y, posteriormente, vendió a los Aita Gervasi. Sin embargo, sobre esas 325.49 hectáreas, Talambo nunca tomó posesión, no podía hacerlo porque se encuentra inscrita a favor de la Comunidad y esta, desde el año 1970, tiene comuneros que viven en ese sector.

Acosta Tello precisó que en la zona hay un asentamiento humano que cuenta con posta médica, un centro educativo y otros servicios públicos.

No es como quieren hacerlo ver, que es una invasión. La Cooperativa les vende a los señores Aita Gervasi quienes inician un proceso de desalojo por ocupación precaria en contra de estos posesionarios, agricultores formados en pequeñas asociaciones de productores de banano y maíz.

“No es como quieren hacerlo ver que es una invasión. La Cooperativa les vende a los señores Aita Gervasi quienes inician un proceso de desalojo por ocupación precaria en contra de estos posesionarios, la mayoría son agricultores inclusive formados en pequeñas asociaciones de productores de banano en algunos casos; de maíz. Hay una asociación que se dedica a la siembra de banano orgánico para exportación”, declaró el abogado.

Explicó que ese proceso de desalojo se inició directamente contra los posesionarios.

“En primera instancia fue favorable a los denunciantes; en segunda instancia la Sala de Trujillo le enmienda la plana al Juzgado Civil (de Chepén) y declara infundada la demanda. Este proceso va a un recurso de casación donde anulan la sentencia de segunda instancia y confirman la de primera. En consecuencia, ordenan el desalojo de estas 800 familias. Sin embargo, a la hora de hacer la revisión de toda la documentación se ha podido observar que el verdadero propietario, en Registros Públicos de esa área, es la Comunidad Campesina de Chepén, cuenta con documentos que datan desde la época del virrey Toledo que les da la propiedad específicamente de la zona llamada en ese tiempo José El Moro El Alto, Chepén viejo”.

Agregó que en el año 2010 la Comunidad inicia un proceso de nulidad de acto registral, de acto jurídico de la inscripción que hizo la CAT Talambo de esa área, y de la venta que le hace a los Aita Gervasi. Se ha iniciado un proceso de nulidad de acto jurídico, el mismo que se viene ventilando ante el Juzgado Civil de San Pedro de Lloc, y se encuentra en etapa de saneamiento. Durante este proceso (…) la jueza doctora Victoria Ramírez (titular del Juzgado Civil de San Pedro de Lloc) ha podido enderezar algunas cosas que estaban mal.

La dirigencia comunal ha puesto especial empeño en este caso por la connotación social que tiene al pretenderse el desalojo. “Porque todos sabemos que un desalojo no siempre se lleva de manera pacífica. De llevarse a cabo, el daño es irreparable. Por eso se viene coordinando, tomando las medidas legales para paralizar este desalojo hasta que se resuelva el proceso de nulidad de acto jurídico...”, declaró el letrado.

Se levantó medida cautelar y...

El abogado Acosta Tello explicó:

“Durante el proceso de nulidad de acto jurídico ha habido algunos inconvenientes. Declararon fundadas unas excepciones donde decretaban nulo todo el proceso y archivaban la demanda hecha por la Comunidad Campesina. Ante esta resolución, la Comunidad Campesina presentó un recurso de apelación que fue elevado ante la Segunda Sala Civil de Trujillo. Sin embargo en ese transcurso -porque todos conocemos que demora en emitir un fallo la Sala Civil- los señores Aita Gervasi solicitaron el levantamiento de la medida cautelar que existía sobre ese predio a razón de que el proceso había sido declarado nulo. Han sorprendido al despacho de la señora juez disponiendo el levantamiento de la medida cautelar y de esta manera los Aita Gervasi han podido hacer la venta a Jorge Seclén, de Chiclayo, a él y a su señora Rosario de Seclén. Sin embargo la Sala revoca estas excepciones y les dice: señores Juzgado, nulas las excepciones, infundadas de por sí, continúese con el trámite del proceso”.

Precisa que la Comunidad no fue notificada del levantamiento de la medida cautelar que permitió la venta a Seclén. Entonces, para continuar con la tramitación del proceso se ha tenido que incluir al nuevo comprador. Se han interpuesto nuevas medidas cautelares respecto a ese terreno en razón de que fueron anuladas indebidamente por cuanto aún estaba pendiente que se resuelva en segunda instancia el proceso.

"Han sorprendido al despacho de la señora juez disponiendo el levantamiento de la medida cautelar y de esta manera los Aita Gervasi han podido hacer la venta a Jorge Seclén, de Chiclayo".

Preguntamos por qué el caso se ve en el Juzgado Civil de la provincia de Pacasmayo.

La explicación del abogado Acosta Tello fue que el proceso fue iniciado, en primera instancia, ante el Juzgado Mixto de Chepén. Sin embargo, "el juez se inhibió del proceso al haber emitido un pronunciamiento respecto al desalojo y creyó conveniente- y también nosotros creemos acertada su posición- pedir no conocer el proceso por cuanto ya había emitido un juicio al respecto. Es por eso que el expediente fue dirigido a San Pedro de Lloc y fue admitido durante la gestión del juez Luis León Reinaltt”.

Refirió que es un proceso de nulidad por la venta indebida de las 325 hectáreas. Es un solo proceso donde se ha incluido diversas pretensiones desde la nulidad de la inscripción, nulidad de la compra venta, nulidad de la memoria descriptiva del sitio, etc. El propósito es impedir el desalojo de las 800 familias, lo cual, de hacerse efectivo, generaría un grave problema social.