Un minucioso trabajo de investigación policial- fiscal se realizó en forma previa a la identificación de 49 presuntos miembros de la banda El Dragón Rojo para los cuales se pidió mandato judicial de detención preliminar y allanamiento de domicilios.

Las detenciones efectuadas la madrugada de ayer fueron sustentadas por el Ministerio Público ante el juez Vía Castillo luego de que una investigación estableciera el rol que tendría dentro de la organización criminal, cada uno de sus presuntos integrantes.

Con ese fin, se hizo escuchas telefónicas, se filmó videos, se hizo seguimiento a todos los sospechosos hasta establecer sus probables roles. Luego de cumplido ese trabajo y elaborados los informes se procedió a solicitar la detención preliminar.

Pero además se tiene la declaración de tres testigos cuya identidad está protegida. Los testimonios de esos tres testigos han sido claves para desentrañar la estructura organizativa y las funciones que cada quien tenía.

En el caso de los abogados Torres Rodríguez y Sirlupú García, se presume formarían el brazo legal de la organización y asumen la defensa de los miembros que eran intervenidos, informaban a los jefes de la banda de lo que sucedía con cada uno de los integrantes. De Torres, se sustentó que, además, mantenía comunicación telefónica con sus patrocinados que estaban en cárcel pese a ser conocedor que los presos no pueden usar celulares. Se remarca que se encarga de "asesorar funcional y jurídicamente a los cabecillas (…) indicándoles el modo de su accionar delincuencial yendo más allá del rol que el Derecho Penal considera adecuado socialmente; todo ello con el fin de evadir las eventuales acciones judiciales en su contra y que no sean reconocidas como organización criminal…".