Chile, Mundo. Pese que la organización no gubernamental de Transparencia Internacional suele colocar a Chile entre los primeros puestos de índice de transparencia política y económica. Estos índices se miden mediante la percepción que tienen los ciudadanos de corrupción en su país.

Esta semana, numerosos políticos prestaron declaraciones ante la fiscalía chilena, que investiga una causa de fraude fiscal y el financiamiento de campañas electorales a través de facturas falsas.

Para comenzar les explicaremos en que consiste el caso "Pentagate"

A mediados del 2014 el Servicio de Impuestos Internos de Chile empezó a recibir una serie de mensajes anónimos con migajas de información sobre fraude fiscal. En dichos mensajes se acusaba a uno de los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, de acceder clandestinamente a sus archivos, modificando declaraciones de impuestos pasadas a sus clientes, los cuales recibían dinero a cambio de una comisión.

Durante la investigación todo iba relacionando a Hugo Bravo exgerente general del Grupo Penta y a sus controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavím, acusados de usar boletas falsas de sus esposas y otras personas fantasma para disminuir sus contribuciones tributarias.

"Estamos ciertos que ninguno de nuestros dirigente ha utilzado recursos de campaña para su beneficio personal y no ha existido una intención ilícita en ellos. Pero a quien le corresponde calificar en definitiva estos hechos es a los Tribunales de Justicia".

— Unión Demócrata Independiente - UDI

Entre los políticos señalados por Hugo Bravo figuran la exvocera del expresidente Sebastián Piñera, Ena Von Baer, al exministro Laurence Golborne, y al precandidato presidencial Andrés Velasco, con el cual habría tenido trato directo e involucraciones en su campaña política.

"Lamentamos lo ocurrido y nos disculpamos ante la ciudadanía por cualquier conducta individual de alguno de nuestros militantes que suponga un financiamiento de campañas políticas de manera irregular".

— Unión Demócrata Independiente - UDI

El grupo Penta es un conglomerado de empresas con intereses en el sector inmobiliario, financiero, salud, educativo y de seguros, entre otros.

En unas declaraciones, Bravo admite su participación en la trama y revela un plan de financiamiento ilegal a políticos chilenos de la Unión Demócrata Independiente UDI, partido chileno de derecha fundado en 1983.

Algunos exfuncionarios y representantes involucrados en la causa se desligaron de cualquier relación con Penta, otros que el dinero recibido fue acorde a la ley y por último acusaron que el caso Penta sólo es "una cortina de humo" para tapar "problemas" del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

¿Cuál sería el impacto?

En Chile las empresas pueden financiar a políticos en campaña a través de donaciones privadas, lo que según algunos expertos es un caldo de cultivo para el conflicto de intereses.

Un proyecto de ley pretende poner freno a este tipo de aportaciones, mientras en Chile se debate si el "Caso Pentagate" es una excepción a la regla o si realmente la imagen del país de los funcionarios honestos en sólo un espejismo.

Uno de los cambios que lleguen con este escándalo sea la aprobación de normas más duras para garantizar la limpieza de la financiación, explica Roberto Méndez de Adimar (empresa encuestadora e investigaciones en Chile) porque ante el actual clima de consternación, "nadie se va a oponer a una legislación que traiga más transparencia y castigos más severos".

El mayor impacto, por ahora, se lo lleva el partido de la UDI, que pasa por tiempos duros.

Sin embargo, advierte Méndez, el gobierno de Bachelet y los partidos de centro-izquierda "no deberían sacar cuentas alegres de esta situación".

"Justo uno de los temas peor valorados en la última encuesta de Adimark sobre el gobierno es cómo manejaba el tema de la corrupción en instituciones del Estado", explica Roberto Méndez.