La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú rechazó el proceso de elección de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua para el periodo 2017-2020, convocada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), manifestando que las elecciones son impositivas, abusivas e ilegales y que transgreden los reglamentos de la Ley de Recursos Hídricos 29338.

Denunciaron que la ANA está disponiendo e impulsando la realización de procesos eleccionarios en las organizaciones de usuarios de agua sin respetar su autonomía para elegir a sus propios representantes a través de una Asamblea General, supervisada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) — como manda la Ley —, y no en un sorteo público, como ha hecho la ANA, que no expresa la voluntad de los usuarios de agua.

Para el presidente de la Junta de Usuarios de Moche, Américo Contreras Méndez, los padrones    electorales utilizados por la ANA fueron objeto de cuestionamiento por la ONPE, pese a ello, la Autoridad Nacional del Agua prosiguió y los aprobó; «frente a estos abusos, la ONPE ha manifestado su negativa a participar en los procesos electorales», enfatizó.

Contreras Méndez dijo que el quórum para la elección del Consejo Directivo, según lo estipula la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua N.º 30157, en primera convocatoria, es el cincuenta por ciento más uno y, en segunda, el treinta y cinco por ciento; sin embargo, la ANA ha venido impulsando elecciones en las que, en primera convocatoria, han asistido menos del cincuenta por ciento.

Manifestó que todas estas irregularidades han conllevado a que los Registros Públicos, en el ámbito nacional, se nieguen a inscribir los resultados electorales, formulando observaciones y tachas que son insubsanables. Asimismo, que «el presidente de la Junta Nacional de Usuarios ha enviado una carta notarial a la ANA, exigiendo se deje sin efecto los comicios electorales y se respete la autonomía de las juntas de usuarios».

El titular de la Junta de Usuarios de Moche dijo que lo hecho por la ANA es un claro delito de abuso de autoridad, que tiene como propósito el enfrentamiento entre agricultores, y aseguró que lo que se busca es desaparecer a las juntas y entregar el sistema de riego a empresas que quieren privatizar el agua.