Ministra Pérez Tello: Intención del gobierno es superar vacíos en la legislación para combatir la delincuencia

Ejecutivo aprobó decretos legislativos. Autores de delito de sicariato no tendrán beneficios penitenciarios.

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El gobierno aprobó decretos legislativos para modificar el Código Penal y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, endurecer las penas por hurto agravado y retirar beneficios penitenciarios a autores de sicariato, entre otras incorporaciones penales para combatir delitos de gran escala.  

 Al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso, el primer decreto modifica artículos de la ley Nª 30077 Contra el Crimen Organizado, para aplicarla a los delitos de sicariato y conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, y sancionarlos con mayor rigidez.

 El mismo decreto prohíbe el acceso a beneficios penitenciarios y redención de la pena por trabajo y educación, semilibertad y libertad condicional a autores de sicariato.  

 Otra propuesta implica la iniciativa para modificar la Constitución y ampliar el plazo de detención para investigación criminal, de 24 a 72 horas.

 “En la determinación de espacios donde puede haber comisión de delitos, tenemos una etapa que genera impunidad que es la investigación, procesamiento y sanción. Estamos corrigiendo problemas en tipos penales a partir de facultades delegadas en coordinación con el Poder Judicial y Ministerio Público. Muchas veces un fiscal no pueda aplicar sanción porque no existe el tipo penal”, explicó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello. 

Aseguró que se corregirá la legislación para evitar situaciones donde se producen liberaciones indebidas. “El espacio de detención de 24 horas era muy corto para el crimen organizado y se debía soltar a los delincuentes”, señaló.

 En el mismo sentido, refirió el cambio en la comparecencia por detención. La ministra explicó que la intención del gobierno es superar vacíos existentes en el Código Penal mediante una adecuada legislación y lograr que los delincuentes vayan a la cárcel. 

 Pérez Tello reiteró que, a la par, la próxima semana se firmará el Acuerdo por la Justicia para tomar acciones concretas por la justicia, junto al Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura y Academia por la Justicia.

 Entre estas figuran ampliar fiscalías y juzgados anticorrupción, espacios de atención y el Centro Integrado de Administración de Justicia con Poder Judicial, Policía Nacional y Defensa Pública del MINJUS.  

 Penas

 Los decretos fortalecen la lucha contra el crimen organizado, tenencia ilegal de armas y violencia familiar, al modificar los artículos 279 y 317 del Código Penal para elevar penas a quienes estén implicados en fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, bombas o explosivos.

 Además se incorporan artículos para sancionar hasta con 20 años de pena a líderes o financistas de organizaciones criminales o cuando su accionar delictivo provoque muertes o lesiones graves a la integridad física o mental.

 Se elevan las penas hasta en quince años también a miembros de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas implicados en estos delitos.

 Otro dispositivo del Ejecutivo modifica cinco artículos del Código Penal para agravar sanciones penales por hurto agravado, cuando afecten infraestructura y bienes de uso público en transporte, saneamiento, energía, seguridad, electricidad y gas.

 Quienes atenten contra obras, instalaciones y circuitos de producción en estas áreas estratégicas, recibirán hasta seis años de cárcel. La pena se elevará en caso de entorpecer labores y llegará a diez años al atentar contra personas o causar daño grave a propiedad pública o privada. 

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