La ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, sustentó ante las comisiones de Justicia y Fiscalización del Congreso el pedido de facultades en materias vinculadas a su sector y referidas a legislación penal frente a la delincuencia, emergencia penitenciaria y lucha contra la corrupción, entre los principales aspectos.

 En la comisión de Justicia y Derechos Humanos, Pérez Tello explicó la necesidad de legislar en materia de seguridad ciudadana para fijar precisiones normativas a la legislación penal en lo que respecta a beneficios penitenciarios y acumulación de penas, para contribuir con la lucha contra el crimen organizado, delincuencia y violencia contra el grupo familiar.

 Explicó también las propuestas legislativas para declarar en emergencia y reestructurar el sistema nacional penitenciario, sobre organización, infraestructura, administración, y marco normativo para inversión en infraestructura  y seguridad penitenciaria.     

 La ministra adelantó que se busca implementar un sistema de seguimiento para calificar el impacto de las normas que resulten de la aprobación de facultades.

 Tras el debate y opiniones de congresistas, la comisión dejó al voto el pronunciamiento sobre el pedido del Poder Ejecutivo para otorgar facultades para legislar en materia penal y penitenciaria por 120 días.

 Autoridad Nacional

 En materia de lucha contra la corrupción, Pérez Tello habló de la necesidad de crear la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Datos Personales, que garantice el derecho al acceso oportuno y transparente de información pública, así como la protección de datos personales. Ello, modificando el marco normativo de la actual Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 

 En la comisión de Fiscalización y Contraloría, la ministra explicó que la creación de la referida Autoridad Nacional –incluida en el pedido de facultades- será una herramienta importante en la lucha contra la corrupción.

 “Necesitamos un nivel de transparencia que permita al país combatir la corrupción con eficacia,  necesitamos protección de datos que no interfiera con la libertad de expresión. Las reglas son claras: el máximo de transparencia es necesario”, señaló la titular del sector.

 Ante preguntas de los legisladores, reiteró que el Acuerdo por la Justicia, presentado recientemente, generará con respeto a la autonomía de las instituciones vinculadas a la justicia en el país, la firma de compromisos de acción a cien días.

 Emergencia penitenciaria

 Sobre el tema penitenciario, sostuvo que el designado presidente del INPE, Carlos Zoe Vásquez, conoce el sistema pues dirigió la Comisión Nacional de Política Criminal. Concluyó que en este campo hay tareas inmediatas, la principal declarar en emergencia los penales. Señaló que su gestión busca resolver con éxito la instalación de bloqueadores de celulares en los penales del país.

 Finalmente, se refirió a la designación de Julia Príncipe como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y su encargatura para designar con autonomía a los procuradores públicos.

 “Está trabajando un diagnóstico del Consejo y el sistema de selección de procuradores, para que los más calificados defiendan los intereses del Estado. Hemos delegado esta potestad ministerial en la doctora Príncipe”,  sostuvo y dijo esperar que estos cambios normativos se hagan definitivos a través de modificaciones incluso constitucionales.